¿Para qué sirve una ley?

¿Para qué sirve una ley? Es justo preguntárselo vista la aprobación de la reciente Ley General del Audiovisual, que salió ayer del Congreso irritando a todo el sector en nuestro país y con mensajes contradictorios en el Gobierno que la promueve, que se tuvo que apoyar en la oposición (PP) para sacarla adelante. El cambio en el sentido de lo que la Ley entiende que es un «productor independiente», incluyendo en la definición a empresas filiales de grandes grupos o multinacionales, ha provocado un malestar lógico y que puede convertirse en histórico.

La nueva Ley, no lo olvidemos, venía a cumplir la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual de la Unión Europea de 2018, que tenía unos objetivos más o menos claros: actualizar a los nuevos desarrollos tecnológicos la legislación de los países miembros y asumir su impacto cultural, protegiendo al audiovisual europeo de las prácticas monopolísticas de empresas ajenas a la cultura del territorio. Para los países de nuestro entorno, como el ejemplo recurrente de Francia como modelo de protección, no era ninguna novedad que se adoptasen estas medidas.

Sin embargo, su aplicación en España, más allá del retraso sobre el que amenazaba Bruselas y de peleas partidistas que poco tienen que ver con el fondo de la norma, parece haber optado por todo lo contrario. La Ley Audiovisual aprobada pone claramente en peligro la producción independiente en el cine español, y por tanto un discurso cultural local más libre y diverso. Una norma que debía sujetar por las riendas a las grandes plataformas internacionales no solo no lo hace, sino que ha acabado sirviéndoles en bandeja escapes legales a las mismas y ofrecer a las grandes empresas españolas el control absoluto, en oligopolio cerrado.

Nos respondemos a la pregunta inicial: las leyes sirven para proteger a quien parte en desventaja, no para hacer un juego de trileros en el que se finge dar cobertura a un sector por un lado mientras se le deja a los pies de los caballos por el otro. No se puede legislar ignorando que las reglas del mercado están viciadas para favorecer a quien parte en una situación de claro privilegio, obviando, además, que su músculo empresarial se basa en concesiones administrativas públicas -como lo son los derechos de emisión en abierto-.

Una Ley Audiovisual con más consecuencias

Además de la decisiva situación de la producción independiente, la nueva Ley introduce otras cuestiones. Para empezar, puede hacer que una de las joyas de la corona para la legislatura del Ministerio de Cultura, la nueva Ley del Cine, nazca muerta. ¿De qué sirven sus avances, de que sirve buscar proteger las series españolas en su época de mayor proyección internacional, si en el fondo, gracias a la Ley Audiovisual que ha impuesto el Ministerio de Asuntos Económicos, en realidad pocos actores controlarán todos los discursos culturales que se generen? ¿El ministro de Cultura solo está para hacerse fotos en eventos pero es incapaz de intervenir en una norma de su Gobierno para hacerlo coherente?

Además, la norma incumple los mismos objetivos de igualdad que este Gobierno se plantea y abre la peligrosa puerta a que se privaticen las televisiones públicas regionales o locales. Es curioso que no se haya criticado estos puntos tanto como las cuotas lingüísticas, cuando no debe ser exagerado afirmar que el 90% de la producción en catalán, gallego o euskera depende de sus corporaciones de medios regionales y su existencia como entidades públicas es la mejor garantía de que mantendrán esta labor.

Pero es que incluso los teóricos principales beneficiarios de la norma, que serían los grandes grupos españoles, pierden aquí. Necesitan de ese ecosistema independiente funcionando fuera de su control. ¿O Los Javis habrían surgido y llegado a Veneno por generación espontánea en un panorama controlado al 100% por las mismas cadenas que durante más de una década solo se atrevían con series que se pareciesen a Médico de familia o Farmacia de guardia? Lo irónico es que este favor del PSOE (y PP) con las firmas que controlan las grandes televisiones y radios probablemente no tenga devolución y sigan haciendo lobby desde sus servicios informativos según les convenga.

El país que queremos ser

La diversidad audiovisual es un valor. Y esa diversidad no es proclama política: se trata de que se pueda hacer mucho cine y muy diferente, también como herramienta comercial. Las épocas en las que todo el cine o todas las series de televisión eran iguales no demostraban ningún gusto del predominante del público, sino la cobardía empresarial de firmas adocenadas que presumen de riesgo y emprendimiento cuando solo ocultan privilegios sin los que no saben gestionar un euro.

La única película española capaz de arrastrar al público de vuelta a las salas en estos meses de cifras deprimentes, convertida en fenómeno social y al mismo tiempo con un halo de prestigio cultural innegable, es una en catalán, dirigida por una mujer, de producción y distribución independiente. Sin ella, sin Alcarràs -a la que parece sumarse ahora Cinco lobitos-, el cine español en el últimos mes en salas sería casi como si no hubiese existido.

El sector cultural no es uno más, es uno que construye el discurso sobre qué clase de país queremos ser. Si no legislamos con un mínimo de respeto y atención por el sector y sus profesionales, tendremos una ficción plana, un audiovisual cobarde y unas historias que nos dictarán quiénes tenemos que ser desde fuera y en base a limitados criterios comerciales. Un panorama con solo dos actores principales más una RTVE depauperada y en el que los grandes del streaming se devoren toda audiencia joven parece difícil que pueda servir al interés público de la ciudadanía o al político de ningún gobierno.

Desde un medio dedicado al cine y las serie españolas en todas sus formas y toda su riqueza, desde la gran superproducción hasta el experimento independiente, solo podemos desear que la unión del sector, el compromiso de algunos partidos y los trámites aún pendientes permitan que no se consume un atropello del que nos acabaríamos arrepintiendo como país. Estamos a tiempo.

Foto de portada: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante una intervención en el Congreso el 25 de mayo de 2022 – Congreso.es