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El Gobierno aprueba la Ley Audiovisual con ayuda de la oposición y el cine español en contra

Más de 500 firmas, entre profesionales e instituciones, apoyan el manifiesto de las productoras independientes, que se plantean recurrir la norma ante Bruselas

Ley Audiovisual

La Ley Audiovisual, con su polémica definición de «productor independiente», se aprobó esta tarde en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de PSOE y PNV y gracias a la abstención del PP y Unidas Podemos. Precisamente UP, junto a ERC y Bildu, presentaron una enmienda para pedir que se revirtiese el cambio en la definición que se aprobó en comisión el pasado 19 de mayo y que ha motivado las protestas del sector. La norma finalmente ha sido aprobado con 130 votos a favor, 83 en contra y 125 abstenciones, y aún le queda pasar por el Senado, aunque en parte se considera un trámite.

Durante el debate las críticas más duras han venido por parte de Bildu y Unidas Podemos. En concreto, han señalado a que la nueva Ley Audiovisual abre la puerta a la posible privatización de las televisiones públicas, incumple los criterios de igualdad del propio gobierno e incluso pondría en peligro las radios y televisiones comunitarias. El PNV estaba de acuerdo en algunas de estas críticas, pero expresó su apoyo por entender que se cumplían sus objetivos al mantener el control de las televisiones autonómicas en el ámbito regional, y no estatal, como se llegó a plantear.

Los partidos nacionalistas han criticado las cuotas finales para las lenguas cooficiales, señalando Junts que se ha pasado del 6% a un 0,35-0,25% como mucho para el catalán y críticas similares. Por su parte PP y Ciudadanos han recordado la contradicción de que, por la misma naturaleza de la norma, no se podría obligar a las plataformas internacionales, como Netflix o HBO Max, a cumplirla, solo a las españolas (ATRESPlayer, Filmin, RTVE Play, etc). Por su parte Vox se centró en protestar contra las restricciones a la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas en horario infantil. El PP pidió bajar las sanciones por incumplimiento en ese sentido.

La definición de «independiente» en la Ley Audiovisual

Ley Audiovisual
Captura de la votación en el hemiciclo – Congreso de los diputados.

Si la tarde del pasado miércoles 25 las productoras se concentraban frente a la sede del Congreso e incluso se leía un texto al respecto en Cannes, la mañana de este mismo jueves 26 se anunciaba como el manifiesto impulsado por PAP y PATE superaba las más de 500 firmas, entre profesionales e instituciones, que incluyen nombres como los de Pedro Almodóvar, Antonio Resines o Jordi Évole. A lo largo de la mañana se sucedieron las filtraciones sobre la negociación, con los socios del gobierno, como ERC, lamentando que este intensase salva la ley con el apoyo o la abstención de PP o Ciudadanos.

El punto de la discordia, el cambio de una palabra en la definición de qué entiende la Ley Audiovisual como productor independiente. Una enmienda, la 790, presentada el pasado 19 de mayo por el PSOE , dejaba el artículo 110.1 de la norma así: «se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”, sustituyendo la palabra «dicho» a la palabra «un».

En este caso, entienden PAP y PATE, se abre la puerta a que la protección reservada para las productoras verdaderamente independientes -como la cuota del 5% en los catálogos de las plataformas de streaming– sirva para beneficiar a firmas que son realmente filiales de empresas mayores siempre y cuando estén funcionando como productoras de desarrollo para otras compañías. Por ejemplo, Telecinco Cinema o Buendía Estudios, si ejecutan un proyecto para Netflix, HBO Max, o para cualquiera que no sean Mediaset, Atresmedia o Movistar Plus+, a efectos legales serían empresas «independientes». Así, muchas de las grandes podrían usar su propia estructura empresarial para cumplir con la obligación de proteger la obra europea.

Una Ley Audiovisual de Economía defendida por Cultura

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El ministro de Cultura, Miquel Iceta, en una foto de archivo.

Al mismo tiempo que se producía la votación, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, comparecía en Cannes en el día más señalado para el cine español, con las premieres de As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, y Tourment sur les îles, de Albert Serra, esta última en Sección Oficial. Desde el sector se lo ha interpelado a menudo toda vez que la Ley Audiovisual no está impulsada por su departamento, sino por el Ministerio de Asuntos Económicos, y de hecho algunas veces ya apuntan a su incompatibilidad, en filosofía y objetivos, con la nueva Ley del Cine que sí que depende del ramo de Cultura.

Iceta declaró que en su opinión que con la Ley Audiovisual «no retrocedemos en nada, quizá haya quien diga que no avanzamos lo suficiente. Yo siempre digo que cuando un sector reclama algo, de entrada tiene razón. Otra cosa es que podamos satisfacerlo. El cine español está implacable. Ha demostrado que con menos recursos que otros cines, nuestra creatividad se acaba imponiendo».

Ya la comisión de Asuntos Económicos que aprobó las enmiendas el pasado 19 de mayo, se cerró con polémica en la medida que en que el veto del Gobierno para una serie de cambios, por motivos presupuestarios -una capacidad del Ejecutivo que fuentes parlamentarias apuntan que es bastante común- obligó a votar con lo que los grupos parlamentarios consideraron demasiada celeridad, saliendo adelante la citada enmienda 790 que ha provocado la ira y la decepción del sector.

Desde las productoras recuerdan que películas como El hoyo -estrenada por la propia Netflix- o las actuales Cinco lobitos o Alcarràs -las españolas con mejores números en taquilla la última semana, premiadas en festivales de prestigio y aspirantes a todos los galardones este año- no habrían sido posibles sin la existencia de la producción independiente.

Llevar la Ley Audiovisual hasta Bruselas

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Carla Simón durante el rodaje de ‘Alcarràs’. Foto de archivo.

¿Qué ocurrirá ahora? Sobre el papel la norma aún podría modificarse a su paso por el Senado, aunque las posiciones de los partidos lo hacen complicado. Los portavoces de las plataformas PAP y PATE ya habían anunciado que de aprobarse finalmente el texto que salió de la comisión, acudirían a la Unión Europea, por entender que contraviene la directiva europea de 2018 que supuestamente -y con dos años de retraso- estaría aplicando a la legislación española, y cuyo objetivo último era proteger la producción cultural europea, el famoso 30% del catálogo.

En su manifiesto de rechazo a la Ley Audiovisual las productoras aseguran que son «la industria cultural más joven. En este ecosistema, hemos sido capaces de sobrevivir con un duopolio televisivo en el que su apuesta por los contenidos europeos destaca por el descubrimiento del cine de bajo presupuesto alemán y austriaco».

Además señalan a las televisiones porque, según ellas, «constantemente cuestiona las pocas obligaciones que tienen por ser los titulares de una licencia pública que no les ha costado un céntimo y le has generado más de 6000 millones de euros en beneficio. Peticiones continuas de la eliminación de la obligación de apoyo al cine, que les cuesta la mitad de su coste real porque cuentan con ayudas públicas para ello».

Imagen de portada: Pedro Sánchez durante un debate parlamentario – Congreso de los Diputados.

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