Los aranceles al cine de Trump darían menos miedo si se protegiera a la industria local de verdad

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un posible arancel del 100% para las películas producidas fuera de su país. No está claro exactamente cómo se concretaría dicha amenaza, pero el resultado ha sido el habitual desde que Trump anunció las distintas derivadas de su guerra comercial: con el sector de turno, para el caso el audiovisual que nos ocupa, revuelto y temeroso de las consecuencias. Y en concreto en España, con determinadas estructuras muy dependientes de los rodajes exteriores, ha provocado casi pánico.

Como respuesta, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reunió este miércoles 7 de abril con representantes del sector para estudiar posibles medidas para «proteger» al sector, entre las que no está claro si se contemplará la llegada de la agónica Ley del Cine. La Spain Film Commission, abanderada de la atracción de rodajes foráneos, ha salido a defender el buen uso de los incentivos fiscales ante todo, una herramienta que los mismos aranceles de Trump desvelan que es un arma de dos direcciones.

Los más beneficiados en los rodajes extranjeros en España acaban resultando muchos menos de los que parecen

Lo que sorprende es como en todas estas reacciones, que abrazan un amplio abanico que va desde la indiferencia a la paciencia, no se contemple que el fallo puede no ser solo del gobierno norteamericano —el cuál está por ver qué hará y cómo— sino también del modelo de desarrollo interno que tenemos en España y su dependencia de inversiones extranjeras…. y el soporte legal, fiscal y mediático que le damos a las mismas, a veces mayor que a la producción propia.

Esta supuesta coordinación virtuosa entre lo privado y lo público es el modelo de crecimiento del sector que ha salido del famoso Hub Audiovisual de Europa (con experimentos para atraer rodajes como el Spain Audiovisual Bureau, que ha desaparecido dos años —y 20 millones— después de su creación), que a efectos prácticos se ha traducido en regalos con forma de exenciones fiscales para multinacionales extranjeras. Es verdad que de rebote algo cae también para la industria local, considerada auxiliar o secundaria en estas operaciones, pero, como pasa con el turismo de masas, los más beneficiados en todo esto acaban resultando muchos menos de los que parecen.

Atraer rodajes extranjeros, la gran iniciativa

El pasado septiembre se presentó el informe ‘Impacto Económico de los Rodajes Internacionales en España‘, realizado por la consultora Olsberg SPI por encargo de la Spain Film Commission con la colaboración de PROFILM. Aquí está, en números, lo que estaría en peligro por la ‘arancelitis’ trumpista: 165 rodajes en el período 2019-2022 (más de 50 al año), que, dicen estos organismos, en total generaron 1795,6 millones de euros y más de 7000 puestos de trabajo «equivalentes a tiempo completo».

Hay más datos para hacerse con la foto del impacto real de los rodajes audiovisuales de producción extranjera en España. La propia PROFILM publica su propio informe anual —el último hasta la fecha, de 2023—, más sencillo, en el que se recogen hasta 37 proyectos extranjeros producidos en territorio español, con la Islas Canarias a la cabeza como comunidad de acogida favorita con 8. Ningún estudio desagrega rodajes por país de procedencia, aunque podemos sospechar que Estados Unidos, ya sea vía Hollywood o series de grandes plataformas de streaming, seguramente copará la mayor parte.

Obviamente esos incentivos fiscales también operan para los rodajes nacionales, y, aunque no se los llame así, son ayudas públicas, disfrutando de ellos también las películas que presumen de no recibirlas. Son, de hecho, la subvención (indirecta) por la que más está apostando el gobierno español: en 2023, se incrementaron al doble los límites máximos de las deducciones fiscales para producciones cinematográficas (de 10 a 20 millones de euros, y hasta 10 millones por episodio en el caso de series).

El modelo resulta insuficiente por sí solo para que el cine español pueda competir en igualdad de condiciones

Es lógica entonces la preocupación por los aranceles: el atraer rodajes extranjeros es la principal política pública efectiva en materia audiovisual que se ha hecho en los últimos años en España. Con la Ley del Cine en el limbo, se mantienen paralizadas las ayudas directas o selectivas en su forma actual. Estas, además, apuestan por apoyar más proyectos pero con menos dinero (lo que algún veterano productor califica como «repartir miseria») para acompasarse al modelo actual de producción audiovisual que promueven las plataformas: hacer más (en una década, se ha duplicado el número de largometrajes españoles) por menos. Práctica que convierte a cada película en aún más dependiente de las exenciones.

Las ayudas generales y selectivas a la producción, con sus últimas variaciones, han permitido la consolidación del talento y apuntalado éxitos en grande festivales como Alcarràs, La habitación de al lado o la doble selección en Sección Oficial de Cannes este año. Son las puntas del iceberg del avance real del cine español en el último lustro, que ha sido más que bueno en calidad y diversidad. Reforzar este tipo de cine, en la línea de otros países de la Europa que celebra nuestras películas, sería justo y necesario para su crecimiento. Pero el discurso no puede limitarse a un «más para todos» cuando comprobamos que el modelo de ayudas directas e incentivos resulta insuficiente por sí solo para que el cine español pueda competir en igualdad de condiciones en su propio país.

Son medidas de supervivencia o conformismo que, con suerte, traen resultados en forma de taquilla o premios gracias al talento y a los sacrificios de miles de personas que, no lo olvidemos, son las que sacan la industria adelante, muchas veces a costa de su tiempo libre y salud. Esto habla de un sector más vulnerable de lo que parece por el éxito creativo y que lo seguirá siendo si solo se potencia la industria convirtiéndola en subsidiaria de otros, si no se fortalece su propia estructura y mercado interno. Cualquier vaivén de este tipo nos mandará a la lona. Siempre puede llegar otro país con localizaciones espectaculares que, consiguiendo reunir algunos requisitos más de formación de personal y estabilidad, nos acabe ganando por mano de obra barata.

Cómo hacer que el cine español sea relevante

Irónicamente, como revela la prensa internacional, tipo Variety, en parte de la industria estadounidense uno de los miedos es convertirse en «la nueva Tesla» y sufrir boicot por parte de los mercados europeos y mundiales. Pero en España nadie cuestiona aprovechar esa oportunidad para que nuestro cine recupere la cuota de mercado que merece y, con ella, la relevancia social que necesita para representarnos.

Ni siquiera vamos a entrar en la cuestión del espejismo del presunto «pleno empleo» y los problemas de precariedad y otros abusos laborales que se esconden bajo él, ni tampoco de algunas sospechas que se ciernen sobre la aplicación de las ayudas y que no tienen tanto que ver con el espíritu de estas como con la falta de vigilancia, la complacencia en el sector o el miedo a denunciar por temor a represalias. La cuestión es si este modelo de apoyo público y de industria dependiente del mismo no supone, en el fondo, una renuncia a dicha relevancia del cine español (no tanto de las series, que aún así se regalan a la dependencia de multinacionales foráneas igualmente).

La verdadera batalla por ese impacto social, que no es otra que la de un país que aspira a controlar el relato de su propia cultura en lugar de entregárselo a intereses extranjeros, estaría en proteger al cine español con medidas reales sobre el mercado, no el simple asistencialismo a la producción y luego abandonarlas a la suerte de una distribución asimétrica y cautiva de, sorpresa, los grandes estudios norteamericanos (Disney, Warner, Universal…). Esto, junto a una decisiva actuación sobre el terreno (festivales, proyecciones, eventos…), entre las redes asociativas del sector y las comunidades autónomas y los municipios, es lo que crea una verdadera cultura cinematográfica de país, cercana a la gente y dispuesta a enriquecer su mirada.

Quizás el modelo, más que Estados Unidos, sea, una vez más, Francia

No se pone en duda el valor artístico o profesional del cine que, a priori, no se va a estrenar en multisalas o no se pliega a las exigencias mercantiles de la industria cultural. Al contrario, desde este medio especializado defendemos que el avance de un cine estatal verdaderamente sano se encuentra en estas producciones que están muchas veces en los márgenes de la misma. Sin embargo, por una parte se asume que estas películas nunca llegarán a un gran público no cinéfilo y que su destino es el circuito cerrado de premios, festivales y conversación interna del que nosotros mismos formamos parte. Por otro, se intenta muy poco que existan otras películas «de autor» con vocación popular y capaces de salir de la lógica esquizofrénica de «cine de festivales y comedias hipercomerciales» que, sin grandes superproducciones, parece dominar desde hace años nuestra cinematografía.

Pese a que es evidente que no hay porción de mercado y espacio mental del espectador para tanto, en los últimos años se ha visto que cuando el público conoce los proyectos los puede valorar y se convierten en parte de la conversación. Quizás el modelo, más que Estados Unidos, sea, una vez más, Francia. Con sus cuotas fijas, sus millonarias ayudas (en España, del Ministerio de Cultura, las distribuidoras reciben en total 4 millones de euros entre largos y cortos), su sistema redistributivo y su mercado protegido, que no entregado sin miramientos a los intereses de multinacionales. Es un debate que no se afronta porque todos queremos cobrar y llegar a final de mes y tenemos miedo a que la oveja que bale pierda bocado.