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Ley del Cine y Ley Audiovisual, ¿definiciones y objetivos incompatibles?

El modelo de producción independiente, las ayudas a la exhibición o la futura Agencia Estatal de Cinematografía ponen en duda la convivencia de ambas normas, claves para el sector

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Este lunes entraba en fase de consultas la nueva Ley del Cine, proyecto del Ministerio de Cultura con novedades como la equiparación de películas y series de televisión, ayudas específicas para la producción independiente y la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y cuotas de exhibición de cine europeo en salas. Al mismo tiempo, el sector se unía para exigir que en la nueva Ley General Audiovisual, comandada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, incluya el 1% anual para la financiación anticipada de cortometrajes.

Una norma cuenta con el apoyo del sector, la otra lo tiene en pie de guerra. Una busca blindar la producción local e independiente, a la otra se la acusa de dar una definición ambigua que beneficia a las major y convierte a España en un plató para grandes productoras extranjeras. Una, como indicábamos, parte del Ministerio de Cultura, y la otra de Economía. Con todo, es poco probable que convivan en un futuro inmediato, aunque sí a medio plazo. La Ley General Audiovisual podría estar aprobada este mismo abril, la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual no se espera antes del segundo semestre de 2023.

Dos definiciones de productor independiente contradictorias

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‘Libertad’, de Clara Roquet

Antonio Mansilla, presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAF) y portavoz de la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), explica a Cine con Ñ que desde el sector se ha recibido el borrador de Ley del Cine en términos favorables y celebrando «que se apueste por la cultura audiovisual y consolidar el crecimiento del sector. Indudablemente es algo positivo». El texto, de hecho, busca blindar la producción independiente de forma explícita.

La única salvedad que las productoras independientes ponen al proyecto de Ley del Cine es «el presupuesto. Incentivos fiscales ya hay en todos los países. Estamos pidiendo un incremento de un 30% en la dotación de ayudas al cine. Si comparamos España con Italia, Francia o Alemania, somos los que menos recursos ponemos en la producción de cine».

Por otra parte, y como señalábamos al principio, encuentran contradictoria la definición que establecen ambas leyes de «productora independiente», que podrían llegar a convivir a partir de 2023, algo que no dan por seguro. En todo caso, en cuanto a la Ley General Audiovisual advierten que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ya ha advertido de la indefinición de dicha definición y sus posibles consecuencias. Los productores indican que tras reunirse con los grupos parlamentarios «todos dicen entendernos» pero no tienen claro que se vaya a modificar la norma en el trámite parlamentario.

Desconfianza de los exhibidores

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Sala de cine. Foto: CINESA

Por su parte Julio Abengozar, vicepresidente de Nueva Asociación de Exhibidores de Cine de España (NAECE), asegura que la ley «no aporta nada más allá de actualizar algunos conceptos que hace 15 años no existían, y poco más». La tan comentada cuota de exhibición en salas de un 20% para producciones europeas e iberoamericanas «ya estaba contemplada por normativas anteriores» y no cree que suponga ninguna diferencia para su sector.

Lo que considera es que, «como exhibidores independientes no nos aporta nada», ya que «si se llega a aprobar, veremos sus efectos dentro de tres años. Con pérdidas de 250 millones en el sector de la exhibición, habrá que ver quién sigue en pie dentro de tres años». La Ley vigente «preveía ayudas para la exhibición que nunca se concretaron, las que se han dado estos años han sido exclusivamente por la COVID, no porque existan ayudas regladas como las que hay para otros aspectos».

De hecho, según Abengozar sería «casi un retroceso, porque la Ley actual contempla cuatro supuestos de ayudas en los que se pueden dar ayudas a los exhibidores y este texto nuevo solo presenta uno. Si de cuatro no se desarrolló ninguno hasta que llegó una pandemia mundial, ¿habiendo solo uno?», lamenta. Opina que «no cambia nada, se mantiene lo que hay y se pierde una oportunidad».

Agencia Estatal o Consejo Estatal

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Beatriz Navas, Directora General del ICAA. Foto: Casa de América

Otra de las novedades sería la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, que según la norma se debería crear en seis meses desde su aprobación y sería un espacio de encuentro entre el sector y las autoridades culturales, «de colaboración público-privada» y parte de cuyas funciones serían velar por el cumplimiento de los objetivos contemplados en la propia Ley del Cine. Desde NAECE, por ejemplo, critican que se trata de «un mero órgano consultivo, sin capacidad de desarrollar políticas propias».

Abengozar sostiene que la presencia del Consejo excluye la creación de una futura Agencia Estatal, órgano ya existente por ejemplo en Francia y que se crearía a partir del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Mansilla, de PAP, entiende que ambas propuestas -la creación del Consejo y la transformación del ICAA- no son incompatibles y ambas son posibles con el desarrollo del texto de la nueva Ley del Cine. Ambos coinciden en las ventajas, eso sí, de ese segundo organismo.

La futura agencia tendría autonomía financiera, no dependiendo exclusivamente del presupuesto de Cultura sino también de las aportaciones del sector, y se regiría por un Contrato Programa con unos contenidos y objetivos cerrados y evaluables. Abengozar critica que dicha transformación del ICAA «no se necesita una nueva ley, se podría hacer con un decreto, como se ha convertido a otras instituciones» y señala como la Ley General del Audiovisual establece la obligación para televisiones o plataformas «de aportar una parte de sus ingresos a producción o/a al ICAA. En esa elección, todo el mundo va a preferir invertir en algo que controle directamente. Habría que ser valientes y que una parte vaya a una agencia estatal por obligación».

En los próximos meses se irán aclarando las dudas acercas de dos normas a las que aún les queda casi dos años para tener que convivir. El sector espera con prudencia. Si sus definiciones de la producción independiente y sus objetivos resultan contradictorios lo determinará también el proceso parlamentario en el que ambas continúan, y que además señala dos caminos para «confluir» con Europa: el de ajustarse a las directivas del ramo, como la Ley General Audiovisual, y el de una gestión más parecida a la de nuestros vecinos, con Agencia Estatal y mayores presupuestos.

Foto de portada: Nadia Calviño (izquierda), ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Miquel Iceta (derecha), ministro de Cultura y de Deportes – Wikimedia

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