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El anteproyecto de Ley del Cine «blinda» a los productores independientes dejando sin ayudas a las producciones propias de las plataformas

La Ley del Cine y la Cultura Audiovisual creará un Consejo Estatal cuya composición deja en el aire y recoge, sin detallarla, la obligación de dar audiencias del streaming

Anteproyecto de Ley del Cine y la Cultura Audiovisual

Casi sobre la bocina, pero el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley del Cine antes de terminar 2022, tal como se anunció a principios de año. Quedará por delante el trámite parlamentario, donde el texto puede cambiar, aunque su debate se antoja con menos marejadas que el de Ley Audiovisual. Lo principal, una definición de productor independiente que se aleja de la la Ley Audiovisual y satisface al sector. El nombre de la norma será Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, remarcando la importancia que se quiere dar al patrimonio y la alfabetización en la misma.

Así, el texto también recoge las medidas ya anunciadas de protección de la Filmoteca Española y su patrimonio como Bien de Interés Cultural (BIC), las cuotas de pantalla en salas para cine europeo e iberoamericano, la inclusión de las series en las ayudas y la obligación, aunque sin concretar el método, de publicar datos de audiencias para las plataformas, como adelantaba esta misma mañana El País.

La definición de productor independiente en la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, pendiente, como señalábamos, del trámite parlamentario, mantiene la que ya existía en la Ley del Cine de 2007 en el artículo 4.n de la Disposiciones Generales, y que reza así: «Aquella persona física o jurídica que no sea objeto de influencia dominante por parte de un prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo privado, ni, por su parte, ejerza una influencia dominante, ya sea, en cualesquiera de los supuestos, por razones de propiedad, participación financiera o por tener la facultad de condicionar, de algún modo, la toma de decisiones de los órganos de administración o gestión respectivos».

Queda por ver su compatibilidad en la aplicación con lo ya aprobado por la Ley General del Audiovisual y que abría la puerta a considerar independiente a una productora que formase parte de un gran grupo. En el anuncio de esta aprobación, durante una entrevista el pasado 25 de diciembre en la cadena SER, el ministro Iceta defendió la compatibilidad de ambas definiciones puesto que las respectivas normas a las que pertenecen «regulan cosas diferentes. La Ley Audiovisual lo que plantea son las obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales y la Ley del Cine los criterios de la políticas públicas de fomento a la cinematografía. Cada ley regula una cosa».

De hecho, el texto de la nueva Ley del Cine añade una «corrección» a la definición de productor independiente pero no precisamente en la suya, sino en las condiciones para acceso a las ayudas del ICAA. Y es que estas se amplían, como ya se había anunciado, a series o películas para televisión o streaming, pero con una condición: «las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual». Es decir, producidas directamente por plataformas, aunque podrían escaparse a esta excepción los consabidos «originales de» que productos comprados a un tercero.

La Ley del Cine y la Cultura Audiovisual igualmente define una serie así: «Obra audiovisual formada por un conjunto de episodios con o sin título genérico común, destinada a su comunicación pública por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de forma sucesiva y continuada, pudiendo cada episodio corresponder a una unidad narrativa o tener continuación en el episodio siguiente». Las plataformas pasarán a estar obligadas a comunicar sus audiencias, aunque la manera de hacerla se deja a una futura reglamentación por definir.

La cuota de pantalla incluye por primera vez al cine iberoamericano y el criterio de exhibición de directoras, en paralelo al aumento de la importancia de los criterios de igualdad o acceso de las personas con discapacidad en las ayudas en general. Estos cambios, que el Gobierno espera aprobar a lo largo de 2023 y antes del final de la legislatura, no afectarían, como es obvio, a las ayudas en curso o convocatorias actuales. Las futuras subvenciones serán distribuidas a cargo del Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual y serán para «productos audiovisuales».

Ley del Cine, Filmoteca y Consejo Estatal

Ley del Cine y la Cultura Audiovisual

Como se anunció igualmente en febrero, con la nueva norma nace el Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual «para favorecer una mayor colaboración público-privada; para evaluar las políticas públicas; para desarrollar un Plan de Fomento de la Alfabetización en Cultura Cinematográfica y Audiovisual y de Creación de Audiencias; e impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias».

Eso sí, será otro melón por abrir pendiente de futuras reglamentaciones una vez aprobado, ya que solo se adelanta que en su composición: «estarán representadas las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, así como los sectores de la cinematografía y la cultura audiovisual», sin más concreción. Será un organismo equivalente al que existe en otros países de la Unión Europea y que era una vieja reclamación del sector.

En cuanto a la protección del patrimonio audiovisual, la medida estrella es la declaración de la Filmoteca Española de Bien de Interés Cultural (BIC), con lo que obtiene se cubre a la propia institución y al material que alberga. Una decisión coherente y paralela a la insistencia del Ministerio de Cultura por dar relevancia al mismo con medidas como la creación del Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual.

El texto del anteproyecto de la Ley del Cine incluye la propuesta modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español con la creación de un nuevo título VII bis, mediante el cual “se otorga al patrimonio cinematográfico y audiovisual una identidad propia, teniendo en cuenta que las obras cinematográficas y audiovisuales, además de su intrínseco valor cultural, son una fuente de información histórica y un testigo fundamental para la historia de la riqueza de las diferentes identidades culturales de España y de Europa y de la diversidad de sus gentes”.

Foto de portada: El Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Cine – Moncloa
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