Se aprueba la Ley Audiovisual y el Gobierno fía la protección del cine independiente a la Ley del Cine

El Senado ha aprobado de forma definitiva la Ley General Audiovisual con el mismo texto y la misma definición de productor independiente que salió del Congreso de los Diputados. Lo ha hecho con los votos a favor del PSOE y el PNV, la abstención del PP y el rechazo del resto de grupos con representación. En este caso no hubo morbo en torno a la oposición de Unidas Podemos, que permitió que el texto siguiese adelante en la Cámara Baja con su abstención, ya que no tiene escaños en el Senado. En total han sido 125 votos a favor, 26 en contra y 103 abstenciones.

Aunque en cuanto a la votación y la mayoría de argumentos a favor y en contra no ha habido novedades, sí que ha llamado la atención la defensa de los portavoces del Grupo Socialista en el Senado. La portavoz del PSOE, Olivia Delgado, subrayó que debe entenderse la Ley General Audiovisual en un “marco general” que incluiría la futura Ley del Cine y el Plan de Impulso Audiovisual del Gobierno que anunció el presidente Pedro Sánchez en marzo de 2021.

👉 Las #CortesGenerales han aprobado definitivamente el #ProyectodeLey General de #ComunicaciónAudiovisual

▶️Vídeo del debate y votación: https://t.co/uCOgiAb07p pic.twitter.com/TqVl0rrUjv— Senado de España (@Senadoesp) June 22, 2022

De hecho, su compañero de partido, Xoaquín F. Leiceaga, llegó a afirmar que aunque la definición de productor independiente de la Ley General Audiovisual es “mucho más amplia” que la de la futura Ley del Cine, que de momento solo ha sido aprobada como anteproyecto, esta última se ocupará de “proteger” las futuras ayudas al sector en la producción de cine y series, aunque sin concretar.

Lo cierto es que ambos representantes socialistas insistieron en que la actual norma multiplicará por cinco la inversión mínima destinada a la producción independiente -Delgado calculó que pasará de 21 millones anuales con la ley de 2010 a más de 125 millones con la nueva-, pero sin entrar en el fondo de las críticas a la polémica definición.

Así, no respondieron a las críticas del sector ni a la de los partidos minoritarios, que dieron varios ejemplos sobre cómo la terminología aprobada abriría la puerta a que se considere productora independiente a las empresas filiales de grandes compañías. En el caso de España, a las televisiones como Atresmedia o Mediaset: una financiación multiplicada por cinco también revertiría en ellas.

Por lo demás, el partido del Gobierno-y el PP para justificar su apoyo- se fijaron en el objetivo de creación de empleo en el sector y de atracción de inversiones internacionales a España. La senadora Delgado aseguró que la combinación de la Ley General Audiovisual con el Plan de Impulso del futuro Hub pretende convertir a España en un referente en la producción y los servicios audiovisuales.

La Ley General Audiovisual y su convivencia con la Ley del Cine

En la sesión en el Senado se repitió también la polémica recurrente alrededor de las cuotas lingüísticas, que parecen insuficientes a partidos nacionalistas como Junts Per Catalunya, ERC, Bildu o Geroa Bai pero aceptables al PNV, mientras que Vox, los populares o la única representante de Navarra Suma (ex Ciudadanos) las ven excesivas y una cesión ante “el separatismo”. Partidos como Más Madrid o Més Mallorca también criticaron que el texto abra la puerta a la privatización de televisiones y radios públicas, presentando enmiendas al respecto que han sido rechazadas.

Queda por ver la compatibilidad de la futura Ley del Cine con lo planteado hasta ahora, dado que, por ejemplo, una de las críticas a la Ley General Audiovisual es que no crea un Consejo Estatal que vele por su aplicación (algo que han recordado tanto los partidos en el Senado como señalaban organizaciones como CIMA en su reclamación de cuotas de igualdad que en otros países regula dicho órgano). La norma del cine la promueve el Ministerio de Cultura, mientras que la actualmente aprobada viene del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Es poco probable que la ley auspiciada por el departamento de Miquel Iceta esté en marcha antes del verano de 2023, dados los tiempos parlamentarios. El sector ha planteado su posible incompatibilidad y objetivos contradictorios con la Ley General Audiovisual desde un primer momento y es posible que nazca con poco margen de maniobra dado el margen que le deja la ya aprobada. También habrá que esperar a si el sector, ya bastante descontento con el Gobierno, desde las asociaciones hasta la Academia de Cine, anuncia nuevas movilizaciones al respecto y de los términos en que se negocia el texto en trámite.

Imagen de portada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado. 2018 – La Moncloa.