El patrimonio audiovisual español, en busca de reconocimiento

Un libro, un cuadro o un yacimiento arqueológico que tenga algún valor histórico está protegido en España. Cada uno de ellos de forma específica. Una película, a 27 de octubre de 2020, no lo está. El patrimonio audiovisual español arrastra esta carencia de base: aún no tiene una cobertura legal propia que facilite y garantice su conservación, pendiente de una importante futura reforma de la Ley del Patrimonio Histórico aún por concretar.

La Ley de Patrimonio Histórico que tenemos, del año 1985, no garantiza que no se vaya a perder una película española que, por algún motivo, sea valiosa. Únicamente habla de patrimonio audiovisual para que se le aplique el régimen del Patrimonio Bibliográfico, sin concretar normas, instituciones o requerimientos dedicados que requiere la conservación de un material tan concreto. “Ahora mismo somos como el “siente un pobre a su mesa” de Berlanga. Nos dejan estar como patrimonio pero de aquella manera, como invitados”, explica a Cine Con Ñ Josetxo Cerdán, director de Filmoteca Española.

Una reforma de la Ley que incluyera reconocimientos y disposiciones para la naturaleza específica del cine significaría, por tanto, que las administraciones públicas y particulares estarían obligados legalmente a preservar las películas y materiales fílmicos de los que dispongan. “Si  hoy alguien hiciese o se encontrase una película que considerara un horror, por ejemplo, la podría destruir sin mayores problemas. Con este nuevo marco estaríamos todos más alerta”, dice Cerdán.

El director de la principal institución española encargada de la conservación de nuestras imágenes en movimiento añade que, con la nueva Ley, se podrá redactar un catálogo completo de las películas que forman parte de nuestro patrimonio audiovisual para darle ese necesario estatus como bienes culturales: “Este listado de películas va a asegurar que no pueden desparecer de cualquier manera”.

Los cambios para el patrimonio audiovisual español anunciados por Uribes

El Cine Doré, sala de exhibiciones de Filmoteca Española

La iniciativa legislativa para la reforma de la Ley del Patrimonio Histórico, anunciada por el ministro de Cultura en junio, también vendría con más recursos públicos para el nuevo Patrimonio Audiovisual, que sufrió un importante recorte en sus dotaciones durante la crisis económica iniciada en 2008. El ministro José Manuel Rodríguez Uribes adelantó en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado veraniega “una inversión en infraestructuras y tecnologías para responder a las necesidades de conservación y restauración de nuestros archivos fílmicos”.

Por el momento, los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021 no invitan al optimismo: suben el presupuesto de Cultura un 25% pero reducen las partidas previstas que se dedicarán a patrimonio: para la Administración del Patrimonio Histórico-Nacional se pasa de 117 millones de euros a 108,91, y para la de Conservación y restauración de bienes culturales se baja de 32 millones y medio hasta los 30,78.

Esta nueva inversión para el Patrimonio Audiovisual se enmarcará, según Uribes, dentro de una “refundación” de Filmoteca Española, que, junto al resto de filmotecas presentes en todo el Estado, tendrán en la nueva Ley “un estatuto equivalente al de los Archivos y Museos Nacionales”. Uribes aseguró que este movimiento servirá para “proteger nuestro valioso patrimonio audiovisual y hacerlo más accesible a la ciudadanía”.

Hay que recordar que la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), de la que la Filmoteca Española forma parte prácticamente desde su fundación (1953), ya otorgaba a estas instituciones el carácter de archivos históricos. Y que la Convención de la Unesco de 2005 subrayó la necesidad de la preservación de los archivos audiovisuales. Ahora la legislación española -que también lo recomienda en su Ley del Cine de 2007- busca ponerse al día con esta consideración patrimonial dando un nuevo amparo a la institución, que la pondrá al mismo nivel que otros espacios culturales protegidos en el país.

Anunciado por el anterior ministro José Guirao a principios de 2019, aún no se ha hecho público este proyecto de reforma ni en qué plazos se actuará, pandemia mediante. En estos momentos este cambio para el patrimonio audiovisual español está en manos de la Dirección General de Bellas Artes, a la que finales de septiembre se ha incorporado María Dolores Jiménez-Blanco como directora. “Esperemos que se ponga en marcha cuanto antes”, concluye Cerdán.