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Análisis

Los retos del nuevo ministro de Cultura en el cine español

Ernest Urtasun tendrá que gestionar la aprobación de la Ley del Cine, la situación del ICAA, el Estatuto del Artista o el previsible choque en políticas culturales con las comunidades autónomas
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Ernest Urtasun ya es el nuevo ministro de Cultura. El portavoz de Sumar y exdiputado europeo de Los Verdes toma el relevo a Miquel Iceta (PSOE), convirtiéndose en el primer ministro de Cultura que no pertenece a los dos principales partidos políticos en España (PSOE y PP) desde la Transición. Un cambio de manos de partido que está por ver qué implica a nivel de organigrama y responsable. Lo que es seguro es que, como ocurre con otras carteras ministeriales, Urtasun llega a la suya en un sector necesitado de desbloqueo de medidas e iniciativas tras el ciclo electoral y el período en funciones.

Es también el caso de las políticas estatales que tienen que ver con el audiovisual que vive en un momento de aparente auge y, sobre todo, de grandes cambios que acometer desde la perspectiva de las políticas públicas. En los próximos cuatro años, además de decidir qué perfil de ministro será para la industria, Urtasun tendrá que asumir, en lo que tiene que ver con el cine, una serie de cabos sueltos heredados y coyunturas económicas y políticas aún en el aire. Las principales son las siguientes.

Es la ley más importante que se quedó sin rematar en la anterior administración. Una norma que iba a corregir, supuestamente, la Ley General del Audiovisual auspiciada por el Ministerio de Asuntos Económicos (que sigue en manos de Nadia Calviño) en cuanto a la protección a los productores independientes, que se levantaron contra la Ley General Audiovisual.

Urtasun, sin experiencia previa en el sector, tiene ahora que ponerse al día para sentarse con el sector en una negociación a medias y luego esperar que el trámite en Congreso y Senado no acabe preso del actual momento político y perjudique su tramitación. La Ley General del Audiovisual se aprobó con los votos en contra de Podemos y la abstención del PP y fue la primera ruptura del anterior gobierno de coalición. La actual mayoría parlamentaria es aún más precaria que la de última legislatura, por lo que los equilibrios, enmiendas y negociaciones se vuelven fundamentales para que salga el texto.

Ernest Urtasun Ley Audiovisual Ley del Cine
Una de las protestas contra la definición de productor independiente de la Ley General Audiovisual. Foto: PROA

Si se consigue aprobar, el siguiente reto será aplicarla. ¿Le dará tiempo a hacerlo al nuevo equipo del Ministerio? ¿En qué medida? Además del espinoso tema de las ayudas —donde ahora aparecen también las series—, se prevé implantar el Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, obligar a las plataformas a comunicar sus audiencias y ver qué se puede hacer con el patrimonio cinematográfico tras darle una entidad propia en la Ley de Patrimonio y declarar Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC). Varias de ellas llevan tiempo esperando.

Ignasi Camós accedió al cargo de director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), como es algo asumido por todos en el Ministerio, de forma provisional. Beatriz Navas, su antecesora, salió del puesto por la imposibilidad de aprobar la Ley del Cine debido al adelanto electoral y por una cierta falta de acuerdo con el gabinete de Iceta en los criterios de evaluación de las ayudas públicas, ya que ella abogaba por un mayor consenso con el sector y dar menos facilidades a los grandes grupos audiovisuales en el texto final.

Para más inri, el nombramiento del nuevo ministro ha coincidido con la publicación de un aplazamiento de varios procedimientos de ayudas y adjudicaciones dependientes del ICAA por «problemas de escasez de medios personales y materiales». Un revés para todos los movimientos que dependen del organismo, pero también para la imagen del mismo, que no por producirse en un momento de cambio en el gobierno resulta menos grave.

Lo que pueda o no conseguir Urtasun en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la nueva dirección del ICAA debería ir resolviendo también estas dudas en el organismo y dándole estabilidad a las distintas dotaciones y líneas de ayuda.

El gran debate de fondo de la Ley del Cine y la Audiovisual es para quién se está orientando toda la legislación y las medidas asociadas al famoso Hub Audiosivual español. Esos 1600 millones de euros anunciados por el propio Pedro Sánchez hasta en dos ocasiones o la ampliación del presupuesto para incentivos fiscales a rodajes, que se mueve en cifras de grandes superproducciones internacionales.

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La ministra Calviño, en el centro, durante un acto del Hub Audiovisual en el pasado Festival de San Sebastián. Foto: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Lo cierto es que Cultura no tiene control directo sobre la mayor parte de decisiones en este sentido, y eso se pudo ver en el pasado Festival de San Sebastián solo con comprobar a qué paneles asistió la ministra Nadia Calviño y a cuáles el ya saliente Iceta. Pero por ello mismo se le debe exigir al ministerio, ahora más individualizado que nunca y sin Educación o Deportes, una voz propia que defiendas los intereses del sector como lo que es: creador de relato social y por tanto de identidad y de cohesión.

¿Marcára Ernest Urtasun perfil propio en este sentido en el Ejecutivo y se desmarcará de la línea subalterna de Cultura con respecto Economía? Si el «derecho a la cultura» es, tal y como ha explicado en sus primeras declaraciones como ministro, su prioridad, deberá tener todos estos elementos en cuenta.

Los diferentes territorios en España compiten por ofrecer mejores condiciones para atraer rodajes e inversiones, el que más y el que menos presume de su correspondiente Film Office y de grandes incentivos… pero lo cierto es que muchas comunidades autónomas están recortando sus presupuestos destinados al audiovisual (a la cultura en general) y que esos movimientos pueden chocar, e incluso contrarrestrar, el progresivo empuje desde el Ejecutivo central de los últimos años. También si las ayudas van en direcciones y con criterios incompatibles, con el Ministerio sin competencias para imponer algunos de ellos.

Un caso de plena actualidad es el de la Comunidad Valenciana, donde el audiovisual local ya se prepara para movilizarse contra los anunciados recortes por parte de la Generalitat o el Ayuntamiento de Valencia capital, con el futuro de la televisión pública, À Punt, o el de certámenes como Cinema Jove o la Mostra de València, en el aire.

Son precisamente los festivales de cine y las programaciones culturales lo más sensible en la relación entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernadas por el PP y VOX, un partido muy pendiente de todo lo que sea cultural. Un previsible choque político que Urtasun tendrá que calibrar, especialmente en ese futurible Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, en el que estarán representadas las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.

Se habla de Edad de Oro del audiovisual español, pero un algunas asociaciones y sindicatos dentro del sector, que van desde los guionistas en ALMA hasta los eléctricos en la Asociación de Eléctricos de Cine, Televisión y Publicidad (AECTP) ya han advertido que no es oro todo lo que reluce. Parte del audiovisual sigue percibiendo que, a pesar del gran crecimiento económico del sector, la precariedad y las malas prácticas laborales siguen a la orden del día.

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Rodaje en la Puerta del Sol de Madrid. Foto: Madrid Film Office

El futuro Estatuto del Artista, la otra norma fundamental que Iceta dejó a medias, podría resolver buena parte de las incertidumbres profesionales asociadas a empleos como el de intérprete (temporalidad, coberturas seguridad social, fiscalidad…). Pero no es solo ese el reto para Cultura. Es afrontar la realidad de un audiovisual que sigue sosteniéndose y funcionando en varias formas de explotación laboral, muchas veces toleradas o normalizadas, y que inciden en una mayor desigualdad en un sector ya de por sí tendente a seleccionar por renta.

De fondo a este tema de las regulaciones laborales y sus cambios, el debate que el fin de las huelgas de Hollywood —la del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la de los intérpretes de SAG-AFTRA— aparentemente ha pospuesto, que no cerrado, al otro lado del Atlántico: el de la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el audiovisual. Excede el ámbito de Cultura y supuestamente el sector confía en las futuras leyes europeas al respecto, pero su uso también puede derivar en un mayor incremento de la precariedad.

Estos cinco retos, en realidad, se pueden resumir en dos objetivos. El primero, que engloba los los puntos 1 a 4, es el de aclarar si desde la política estatal se quiere que el audiovisual sea toro o torero, es decir, que sea un sector industrial destinado principalmente a atraer rodajes extranjeros e inversiones especulativas, o uno cultural que cree un relato español propio, al servicio del país y a democratizar el acceso a la cultura. El segundo, que esa presunta lluvia de dinero o afianzamiento industrial no se quede solo en un reparto para unos pocos, sino que consolide el empleo y la situación de los creadores en condiciones justas.

Portada: El nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), en un mitín en 2016 – En Comú Podem

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