Bruselas autoriza a España para que incremente su presupuesto para deducciones en el audiovisual de los 60 millones de euros actuales a 400 con la incógnita de si se aplicará al cine español o solo busca atraer rodajes extranjeros
Productores esperan mayores presupuestos tras el aumento de los incentivos fiscales

La Comisión Europea ha aprobado esta semana la propuesta de España para aumentar las rebajas fiscales para rodajes. El presupuesto anual del Estado para estas ayudas indirectas pasará de 60 a 400 millones, y aunque las novedades anunciadas apuntan a que el objetivo de la medida es atraer grandes producciones extranjeras, el sector español ha recibido con optimismo la novedad, considerando que puede ayudar a atraer inversión privada al audiovisual y que combinado con otras medidas fiscales ya existentes, como las célebres Agrupaciones de Interés Económico (AIE), incluso facilitaría largometrajes locales con más presupuesto.
Queda pendiente conocer los detalles de cómo aplicará estas nuevas ayudas el Ministerio de Asuntos Económicos, quizás vía la nueva Ley Audiovisual. Porque la modificación habla de deducciones de impuestos sobre un máximo de 20 millones de euros a partir de 10 millones, pero el cine español suele manejar presupuestos de máximos de entre 3 y 6 millones, mucho más modestos. Así que existe la duda razonable de si el objetivo es atraer inversores al cine español o atraer a España grandes rodajes internacionales, algo que se lleva cuestionando desde el principio al proyecto del gran ‘Hub Audiovisual’ europeo en nuestro país.
En concreto lo que la Comisión Europea ha aprobado es “la modificación del régimen español de ayudas estatales al audiovisual” de manera que el presupuesto de incentivos fiscales “para apoyar la producción de películas españoles y audiovisuales y otras obras audiovisuales” aumenta su margen de los 60 millones de euros actuales a 400, un incremento de 340 millones.

Es importante precisar que no se trata de subvenciones directas como las ayudas generales o selectivas del ICAA u otros instrumentos similares tanto del Gobierno central como de las autonomías, sino de deducciones sobre el impuesto de sociedades y que lo que hace Bruselas es permitir un mayor margen de acción, por lo que ese incremento podría ser menor, dependiendo del criterio con el que lo aplique finalmente el Gobierno, aunque la cifra aprobada es la propuesta por España.
De esta manera, además del incremento del presupuesto anual, la Comisión permite a España el aumento del importe máximo de deducción fiscal que los beneficiarios pueden aplicar a 20 millones de euros por película (desde 10 millones de euros), la fijación de un máximo de 10 millones de euros de deducción fiscal por capítulo de serie y la extensión de la duración del régimen de ayudas (aprobado originalmente en 2014 y modificado en 2015 y 2020) hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Comisión Europea ha comunicado que evaluó el régimen modificado “con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular la Comunicación de 2013 sobre ayudas estatales para películas y otras obras audiovisuales” para constatar que el sistema de ayudas español “sigue siendo necesario, adecuado y proporcionado para promover la cultura en España y la UE, y sigue teniendo un impacto limitado en la competencia y el comercio entre los Estados miembros”.
Incentivos fiscales, AIE y rentabilidad del cine español
El productor Jordi Carbonell, consultado por Cine con Ñ, se muestra optimista a ese respecto y considera que la aplicación se implementará de manera similar a como lo hacen las deducciones de las mencionadas AIE o las que ya permite sobre las pérdidas la Ley de Sociedades. Si actualmente la AIE permite que el capital privado invertido en una película se deduzca un 30% para el primer millón de euros en coste de producción del y 25% en adelante (que sube a un 50-45% en Canarias, un 35% Navarra y un 30% en el País Vasco), el productor calcula que ahora ese escalón básica “subirá un 35% en el primer millón y el 30% a partir del segundo hasta ese importe máximo de 20 millones”.
Carbonell cree que combinando las diferentes bonificaciones, puede suponer un espaldarazo para estrenos en salas más ambiciosos, ya que “reforzará la recuperación de la inversión inicial en la primera ventana con solo cubrir en taquilla un 20% del coste original de la película”. Su previsión es que “en dos o tres años de explotación en diferentes ventanas, ventas internacionales o ventas a televisiones, se puede aspirar a un 40-50% de beneficio para el inversor privado sobre el dinero inicial. Eso en el peor escenario, pero con la clave de que el lanzamiento inicial de la película se haga bien”.

El productor celebra así que “se eliminen riesgos para inversores y se atraiga capital privado al audiovisual”, reduciendo su dependencia del sector público “pero también de las grandes televisiones o plataformas, que al final acaban controlando el circuito de explotación comercial de las películas”. Algo que, a medio y largo plazo, confía en que redunde en producciones españoles con mayor presupuesto y mayor inversión en distribución y publicidad para asegurar estrenos potentes que permitan dicha rentabilidad.
Por su parte Jordi B. Oliva, presidente de la Federación de Productoras Audiovisuales (PROA), ha “valorado positivamente cualquier medida que incentive la producción de nuestras empresas”. Los pequeños productores independientes, afirma, creen que “el programa de incentivos ficales hasta ahora ha dado frutos positivos, y la luz verde de Bruselas a la propuesta del gobierno español va a suponer una mayor inyección de dinero privado en el audiovisual, tanto para cine como para series”.
También añaden que “hay muchas empresas productoras pendientes de recibir este tipo de financiación, por lo que a corto y medio plazo la producción audiovisual por parte de nuestros asociados se va a ver favorecida” y por ello van a “seguir defendiendo un acceso más flexible y transparente, y menos encorsetado, a los beneficios fiscales, para favorecer la llegada del dinero a las producciones”.
En cualquier caso, aunque está claro que es una medida que redundará en beneficio del sector audiovisual de una forma u otra —aunque consista simplemente atraer rodajes, es de suponer que creará empleo directa o indirectamente—, parece que es pronto para saber cuál será su aplicación concreta y si estas previsiones de los productores se harán realidad, de manera que el cine español pueda dar un salto en cuanto ambición de sus presupuestos… y de la promoción de sus estrenos.
Portada: Foto de rodaje de La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona
