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Industria
Productores independientes, cuotas de pantalla, IA o ventanas de exhibición: las cuentas pendientes de la Ley del Cine
Imagen de archivo de un rodaje. ©Ministerio de Cultura
Jose A. Cano
La Ley del Cine y la Cultura Audiovisual pasó este 18 de junio su primer trámite en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. La retirada de la enmienda a la totalidad de Junts per Catalunya, más el rechazo del resto de partidos de las presentadas por PP y Vox, permiten encaminar, con inmediatez —de hecho, por trámite de urgencia— una aprobación que se anuncia como casi inminente.
El movimiento pilló al sector a contrapié y motivó un duro comunicado de las asociaciones de productores independientes. Los días 17 y 18 de junio se produjeron varias reuniones entre el Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, con diferentes representantes de la industria que apuntaron a una nueva confianza en «arreglar» los puntos del texto que no satisfacen a los diferentes agentes.
El borrador de trabajo sigue siendo el anunciado en 2022, antes de que Ernest Urtasun, actual ministro de Cultura, entrase en el cargo, y cuya tramitación decayó por las elecciones de 2023. Los pocos cambios que se dan por sentados los adelantó Junts: mayor protección a las lenguas cooficiales con reserva de financiación o cuotas de pantalla y, aparte, que las productoras puedan financiarse por adelantado con las deducciones de los incentivos fiscales. Pero los temas por aclarar son bastantes.
¿Qué es un productor independiente?
Es solo un elemento de muchos, pero ha sido el más llamativo. La Ley General del Audiovisual, aprobada en 2022 y presentada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y no por el Cultura, dejaba la puerta abierta a considerar «independiente» —y por tanto, susceptible de apoyos institucionales de cualquier tipo— a empresas vinculadas, o directamente filiales, a grandes grupos, tanto españoles —Atresmedia, Movistar Plus— como extranjeros —Netflix, Warner y un largo etcétera—.
Aunque en teoría la Ley del Cine al completo está pensada para proteger al sector «independiente» —y en esto, atendiendo al debate parlamentario, está de acuerdo también el PP—, la actual definición, idéntica a la de la Ley de 2007, es insuficiente para la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP). No es la única expresión conflictiva —también lo es «obra audiovisual», de la que hablaremos luego—, pero ha sido la que ha provocado más ruido en una industria, o un país, donde predominan las pymes.
Ventanas de exhibición y cuotas de pantalla
Aunque todas las fuentes consultadas coinciden en la disposición de los diferentes agentes —productores, exhibidores, distribuidores— a alcanzar «consensos útiles», hay una serie de puntos en los que el texto actual no convence a ninguno y en los que, además, presentan posturas enfrentadas. Uno clave es la ventana de exhibición obligatoria en salas para las películas antes de su llegada a streaming. Desde la Federación de Cines de España (FECE) piden 100 días. Algunas asociaciones de productoras apuntan a 60, aunque los consideran «poco».
Donde no se encuentran productores y exhibidores es en la cuota de pantalla. El texto, tal y como está ahora mismo, rebaja del 25% al 20% la cuota anual de las salas para cine español y europeo, e incluye al latinoamericano como novedad. FECE pide eliminarla completamente por considerar que no cumple su propósito. Fuentes de los productores apuntan: «sea la que sea, que se cumpla, cosa que ahora no sucede». El acuerdo de cuota para el cine en lenguas cooficiales hace intuir que la petición de máximos de los exhibidores no se cumplirá.
Inteligencia artificial
El más obvio elemento de «obsolescencia» de la norma. Cuando se presentó el texto de 2022, todavía con Miquel Iceta como ministro de Cultura, el debate sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial, generativa o no, apenas estaba en pañales. Probablemente ahora lo siga estando, puesto que apenas hemos rascado en la superficie de su impacto, pero están mucho más claras tanto sus posibles aplicaciones como ventajas… y peligros, tanto para la propiedad intelectual como para los derechos laborales.
El actual Ministerio de Cultura no tiene precedentes muy halagüeños en este sentido. Uno de los grandes tropezones públicos de Urtasun al mando del departamento fue la retirada, en enero de 2025, del Real Decreto de «licencias ampliadas» para la IA generativa debido a la presión de diferentes sectores culturales. Era un proyecto heredado de Iceta —como la propia Ley del Cine—, pero que el ministro de Sumar hizo suyo. Por el momento sus intentos de regular la herramienta han resultado infructuosos.
Ayudas a series, películas y grandes presupuestos
Una cuestión que a veces parece la única que nos interesa a la prensa o a algunos agentes. El punto más conflictivo es la inclusión de las series, cambiando la «obra cinematográfica» por «obra audiovisual» en el texto de la Ley respecto a 2007. Algunas asociaciones de productores apuntan a que lo que protege tanto como elemento cultural como industrial la Unión Europea es la «cinematográfica», sobre todo que la arquitectura de financiación de películas y series es tan diferente que mezclarlas puede perjudicar a ambas.
Ya desde 2022 Cultura apuntó a que las futuras ayudas a series no saldrían de la misma bolsa que las del cine. Lo mismo se apunta a una posibilidad que algunas grandes productoras han planteado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA): la creación de una línea especial de ayudas para «superproducciones». Los productores independientes no están en contra mientras se separe de las actuales ayudas que permitan la existencia de la «clase media» que tantas alegrías ha dado nuestro cine esta última década.
Transparencia
Se ha acusado al Ministerio de Cultura de no comunicarse con las asociaciones del sector, pero es probable que los meses de silencio sobre la tramitación de la Ley hayan obedecido más a la lógica de las matemáticas parlamentarias —el bloqueo de Junts y PP, que atendiendo al debate y sus propias enmiendas, era o es en gran parte más retórico que real— que a una cerrazón real. Aún así, las reacciones de parte del sector se podrían haber prevenido con algo más de transparencia.
Una claridad en lo que se debate que ayudaría también a la percepción del debate sobre la ley fuera del círculo de la industria y la prensa especializada. Si discursos como el de Vox en el Congreso, con datos manipulados, ejemplos que demuestran que el diputado no conoce el cine sobre el que quiere legislar y un largo etcétera, calan en parte del público, es porque gran parte de los agentes implicados, incluidos los públicos, ven a la prensa o como mera correa de transmisión o como el enemigo. Y así no se complica trabajar o explicar nada.
Los tiempos de la Ley del Cine
Hay otra serie de puntos en la futura Ley del Cine y la Cultura Audiovisual que, si bien no se consideran tan conflictivos —en teoría—, desde el sector se considera que llegan tarde por los retrasos en la aprobación. Uno sería la creación Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, que sustituiría al actual ICAA. Es un cambio, entre muchos, pero clave en el largo plazo para el sector, como la protección de Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC).
Siendo comprensible que Cultura no consultase al sector si no tenía posibilidad de aprobarla a medio plazo por cuestiones políticas ajenas a la Ley en sí, los tiempos que se manejan parecen apresurados. Otro elemento es la posibilidad de un cambio de gobierno que la tumbe antes de echar a andar. Desde el sector se intentan transmitir dos sensaciones: la buena disposición a trabajar con velocidad para que salga adelante una Ley que satisfaga a todos, y el deseo de que las políticas culturales sean «de país» y no parte del ping-pong político.
