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Industria
La Ley del Cine supera el primer trámite para su aprobación con la promesa de incorporar las reclamaciones del sector
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su intervención en la votación de las enmiendas a la Ley del Cine. ©Congreso de los Diputados
Jose A. Cano
La Ley del Cine ha iniciado el trámite parlamentario de su aprobación este jueves 18 de junio, tras rechazar el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, que habrían supuesto el regreso a la casilla de salida del texto. La próxima semana deberían votarse las enmiendas parciales al proyecto actual, donde todos los partidos que han votado por la continuidad han expresado su propósito de incorporar las reformas que pide el sector, en comunicados como el de los productores independientes de la semana pasada.
Ahora la nueva norma deberá volver a votarse con la incorporación, o no, de una serie de enmiendas por el procedimiento de urgencia y que se debatirán de nuevo en el congreso la próxima semana. Es ahí donde los diferentes agentes del sector —productores, exhibidores o distribuidores— esperan que se incorporen sus reclamaciones, prácticamente las mismas que respecto al primer borrador de la ley presentado en 2022, entonces con Miquel Iceta como ministro de Cultura.
El pasado 12 de junio, la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) —AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM— emitió un comunicado acusando al Ministerio de Cultura de presentar una norma «sin consenso» y en riesgo de «quedar obsoleta». Tras reunirse los representantes del sector con el Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, los pasados pasado martes 16 y miércoles 17, el tono beligerante se ha reducido sensiblemente, asumiendo que existirá la oportunidad de introducir modificaciones.
La votación de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual ha llegado por sorpresa y no sin polémica, tras casi cuatro años en el congelador en parte motivados por el adelanto electoral de julio de 2023. El proyecto salió del congelador de manera inesperada a comienzos de este mes y tras anunciarse que Junts per Catalunya retiraba su propia enmienda a la totalidad. El apoyo de los independentistas catalanes de derecha permitiría así, dada la aritmética parlamentaria, la aprobación de la norma.
Las únicas enmiendas a la nueva norma las adelantó Josep Maria Cruset, diputado de Junts per Catalunya, entre otros mayor protección a las lenguas cooficiales reservándoles un porcentaje del fondo de financiación del cine, mínimos de 15% de programación en las salas para poder recibir ayudas y aumento de subvenciones al 80% del presupuesto para los proyectos en catalán. Igualmente un aumento de los incentivos fiscales y que las productoras «puedan obtener los recursos económicos fruto de las deducciones fiscales durante el rodaje».
Uno de los principales reproches de los productores independientes, y que se trató durante el debate parlamentario, es el incumplimiento de la «corrección» de la definición de productor independiente en la Ley General del Audiovisual aprobada en 2022 en la que se entendía que habría la puerta a que fuesen consideradas como tales empresas filiales de grandes grupos, tanto españoles como internacionales.
También se indicaba, tanto en el comunicado como en fuentes consultadas por Cine con Ñ, la preocupación por lo «obsoleto» del texto de hace cuatro años, que no contemplaba la irrupción de la IA o los cambios en las ventanas de exhibición y otros elementos de la industria. Diferentes agentes del sector y asociaciones han indicado que tras las reuniones con el Secretario de Estado, ahora confían en que sus demandas van a ser escuchadas e incorporadas.
Un debate parlamentario «cinéfilo»
La mayor parte del debate en torno a las enmiendas a la totalidad en el Congreso no entró particularmente en el contenido de la Ley del Cine. Como es habitual, se daba por sentado el resultado de la votación, y más allá de la defensa del ministro Ernest Urtasun, cada grupo se limitó a exponer sus motivos o, eventualmente, a lanzarse otros reproches que nada tenían que ver con el contenido de la normativa o con el cine español. Si resultó llamativo la cantidad de títulos que se intentaron citar por parte de los diferentes representes políticos.
Particularmente, lo fueron las intervenciones de José Ramírez del Río, diputado de Vox, que solo cito tres películas españolas cuyo recorrido comercial mostró desconocer —una de ellas era la versión largometraje de una miniserie, para más INRI, Oswald, el falsificador (2023)— y luego habló más de títulos internacionales como La Pasión (2004), de Mel Gibson, o 1492: La conquista del Paraíso (1992), de Ridley Scott, afirmando también que el cine de Estados Unidos «no necesita Ministerio de Cultura para que le vaya muy bien».
Más concretas fueron las críticas de la diputada del PP, María Soledad Cruz-Guzmán, que si defendió la retirada de la ley con argumentos que tenían que ver con la ley, entre otros la falta de diálogo con el sector o la necesidad de defender los cines rurales. En su caso las películas españolas que citó fueron La infiltrada (2024) y Sorda (2025), entre otras, aunque también tuvo un recuerdo para El Robobo de la Jojoya (1991), comedia dirigida por Álvaro Saénz de Heredia y protagonizada por Martes y 13.
El rechazo a las enmiendas fue por los cauces previsibles: los partidos nacionalistas hablaron de sus lenguas regionales, Sumar y Podemos de representación e inclusividad —hasta citando a Mark Fisher— sin explicar cómo se concretarán. Entre todos la colección de películas alabadas fue mucho más amplio y pasó por Alcarràs (2022), El 47 (2024), Te estoy amando locamente (2024), el novo cinema galego o Todo sobre mi madre (1999).
En general, más allá de comparaciones con la Argentina de Javier Milei y su disolución del INCA —equivalente al ICAA—, y que Vox asumió plentamente, solo el PNV reprochó que se estuviese hablando más de películas que de las características técnicas de la Ley que llevarán a que se rueden unas u otras. El argumento principal contra las enmiendas también fue que devolver la norma al principio no implica mejorarla, sino paralizarla, y el propósito es lo primero, incorporando las reivindicaciones del sector.
