Críticas a la nueva Ley Audiovisual: el sector pone sus objeciones antes del trámite parlamentario

La Ley General Audiovisual va camino del trámite parlamentario, el paso previo a su aprobación, para nada sencillo, que incluirá enmiendas, debates y probablemente cambios diversos. Tapadas por el debate sobre las lenguas cooficiales, que la mezcló con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la nueva norma, obligada por Bruselas y a la que España llega dos años tarde, arrastra desde el principio varias controversias que tienen descontento al sector.

Desde los productores independientes hasta los operadores de televisión tradicionales se han mostrado descontentos primero con las filtraciones que llegaban desde verano y luego con el texto final aprobado por el Gobierno, que se discutió sobre todo por las cuotas lingüísticas, tapando todo lo demás. Incluso organizaciones como CIMA (Asociación Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) han lamentado que a efectos prácticos se eliminen las medidas para garantizar la igualdad de género en las producciones.

Lo que hace la Ley General Audiovisual es trasponer al ordenamiento español Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2018 por el Parlamento Europeo y que se debía aprobar en 2020. La famosa norma que impone a las plataformas audiovisuales un porcentaje de producción europea en sus catálogos, pero deja un amplio margen a los estados miembros para ampliar dichas condiciones. Eso es lo que se va a discutir a partir de ahora en el Parlamento español.

Producción independiente

La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) -que aúna a AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM- se ha mostrado muy crítica con el texto aprobado por el Congreso de Ministros, sobre todo por ignorar las alegaciones presentadas durante las dos audiencias públicas durante la redacción del texto. Su principal preocupación es la definición que les afecta de lleno, la de «productora independiente», ya que sostienen que permitirá que empresas instrumentales de grandes plataformas, productoras internacionales o cadenas de televisiones, que no serían «realmente independientes», accedan a la financiación destinadas a ellas.

Además piden que se aclara a qué partidas presupuestarias se va a recurrir para garantizar las aportaciones económicas, ya que para ellos la dotación del ICAA «ya está por debajo de las necesidades del sector». Ni creen que el proyecto recoja la diversidad cultural -más allá de que, ahora mismo, obligue a doblar o subtitular en lenguas cooficiales- ni deja claras «las obligaciones correspondientes para todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que dirijan sus servicios al mercado español, sea cual sea su país de establecimiento».

Por su parte la asociación de productores audiovisuales PATE ha pedido que se refuerce la figura del productor independiente, no solamente a través de la financiación y los incentivos fiscales, sino de la propiedad intelectual. El pasado verano la misma organización denunciaba el «colapso» de la producción independiente por el desembarco de las plataformas, que he reducido considerablemente el retorno económico para el sector.

Paridad y cuotas de género

Cristina Andreu, presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), publicaba el pasado 27 de diciembre en El País una tribuna titulada ‘No se trata de cuotas, se trata de democracia’. En la misma lamentaba, como la PAP, que las audiencias públicas no hubiesen servido para incorporar ninguna de las alegaciones del sector en cuanto a igualdad de género en los cruciales artículos del 113 al 117, los que tanto interesaban a los partidos nacionalistas.

CIMA en concreto proponía que en esos mínimos de inversión en contenidos se destinase una parte a obra audiovisual creada por mujeres, con el objetivo de llegar a una paridad del 50% -que el propio Ministerio de Cultura se plantea, oficialmente, para 2025-. No olvidemos que en este sector en el que nombres como Alejandro Amenábar ven «paro cero» en el pasado 2021 solo un 12% de las películas fueron dirigidas por mujeres.

Más duro para la televisión en abierto

Para la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA) la nueva legislación no hace sino incrementar la brecha de la competencia contra las plataformas de VOD. Al poco de conocer el texto emitía un comunicado en el que acusaba al Gobierno de añadir normas propias respecto a Bruselas que se aplicarán solo a los operadores nacionales pero no a los grandes conglomerados internacionales, obligando a los primeros a competir en inferioridad de condiciones contra «gigantes».

UTECA critica que el endurecimiento de la franja de protección al menor, el incremento de los porcentajes de producción independiente o las limitaciones publicitarias, además del nuevo régimen sancionador también más duro, solo se les aplicarán a sus miembros, pero no a multinacionales como Netflix, HBO o Disney+. Ven el texto como «cortoplacista» y que amenaza «la viabilidad de la televisión en abierto, especialmente en el caso de las cadenas de menor tamaño», pidiendo que se considere al medio como un «bien de interés general».

¿Qué pasará con la Ley General Audiovisual?

Una vez se inicie el trámite parlamentario -técnicamente empezó cuando aprobó el texto el Consejo de Ministros y lo remitió al Congreso-, la vía para modificar la nueva norma es que algún grupo asuma en sus enmiendas las modificaciones que se piden desde el sector. Puede ser cualquiera, incluidos los dos partidos del Gobierno o alguno de sus apoyos habituales. Algunas de las organizaciones cuyas posiciones hemos recogido en esta información han comunicado su intención de reunirse con los diferentes grupos parlamentarios para plantearles sus requerimientos.

La duración del trámite puede alargarse todo 2022, aunque el Ministerio de Cultura ya expresaba a mediados del año pasado que su intención era tener el texto aprobado de forma definitiva «en la primera mitad» del presente curso. Hay más objeciones que se deberán resolver, como las de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pidió regular a los influencers y valorar el impacto en RTVE de determinadas decisiones.

En prensa política ya se ha publicado que el propio Gobierno deseaba una trámitación «calmada» para «desinflamar» la norma y alejarla del debate de las lenguas cooficiales, llevándola a partir de febrero en la Comisión de Asuntos Económicos. Ahora todo dependerá de los diferentes grupos parlamentarios y su sensibilidad con las necesidades del sector, así como de un debate público en el que se hable claramente de las consecuencias de las leyes y no solo se las utilice como un balón de fútbol para exaltar sentimientos nacionalistas de cualquier color.

Imagen de portada: Uno de los leones del Congreso de los Diputados – Wikimedia.