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El sector suspende las políticas audiovisuales en pleno debate de la leyes Audiovisual y del Cine

El Informe sobre el estado de la Cultura 2022 de la Fundación Alternativas se centra en el audiovisual y señala la internacionalización, los derechos de autor y la sostenibilidad como grandes retos

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Los profesionales del sector audiovisual suspenden las políticas públicas dedicadas al mismo en plena implantación del llamado Hub Audiovisual anunciado por el Gobierno y con las futuras Ley General Audiovisual y Ley del Cine en trámite. Es una de las conclusiones que se extrae del Informe sobre el estado de la Cultura 2022 de la Fundación Alternativas, que se elabora desde 2011 y ha dedicado su edición de este año al audiovisual español por los cambios en que se encuentra inmerso, su proyección económica e industrial y los retos legislativos a los que se enfrenta.

El texto ha sido presentado esta mañana en la sede de la Academia de Cine en la calle Zurbano de Madrid por parte de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la fundación, e Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la misma, además de la participación de Rosa Franquet, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB y presidenta de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC); Cristina Andreu, presidenta de Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA), y Fernando Victoria de Lecea, productor y presidente de Profilm.

El Informe sobre el Estado de la Cultura 2022 incluye, como en sus ediciones anteriores, una parte valorativa por parte de los profesionales de la cultura a través de un cuestionario elaborado por CULTUMETRIA S. L. en el que estos ponen nota a diferentes aspectos del estado de la misma en España y que incluye preguntas sectorializadas. En el caso del audiovisual la nota general, a pesar de tener apenas cuatro preguntas específicas sobre el sector, la nota media es de un 4,68, dando un suspenso a las políticas públicas.

Así, ante la cuestión de si «los planes sobre el impulso audiovisual son un elemento clave para el impulso del hábito en este campo en la ciudadanía» los trabajadores y trabajadoras del mismo aprueban la idea por la mínima con 5.28. Más raspado aún pasa el corte la pregunta sobre si «el sector del audiovisual está abordando con perspectiva la transición digital» (5.09). Los suspensos llegan para «la imagen exterior de la industria audiovisual española es representativa de su peso en la economía nacional» (4.33) y a si «las políticas públicas para la industria audiovisual tienen una estrategia clara y coherente» (4.01).

Las lagunas de la Ley Audiovisual y la Ley del Cine

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El Informe sobre el Estado de la Cultura 2022 trata en uno de sus apartados las futuras normas de la Ley General Audiovisual -que se votará en el Senado mañana miércoles 22 de junio sin modificaciones en el texto ya aprobado en el Congreso en mayo- y la Ley del Cine. La abogada especializada en legislación cultural Belén Álvarez Cabrera analiza el marco normativo y las necesidades que presuntamente cubren ambas leyes, además del contexto europeo que impone, sobre todo, la primera de ellas.

La Fundación Alternativas se atreve con una serie de recomendaciones de modificación -que en el caso de la Ley Audiovisual pueden llegar «tarde»- entre las que se encuentran incrementar el porcentaje que las plataformas han de destinar a la financiación de obra audiovisual europea de manera similar a Francia o Italia, modificar la definición de “productor independiente” y unificarla con la establecida en la Ley del Cine, establecer que al menos las televisiones públicas destinen una parte de la cuota del 6% a financiar obras audiovisuales destinadas a impulsar no solo la diversidad lingüística, sino también elementos que promuevan la diversidad cultural y recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

En cuanto al Anteproyecto de Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, el informe pide que se dé mayor relevancia a la definición de “productor independiente” situándola en el artículo 4 de la Ley, que se conserve la exigencia de que el director o directora de una obra audiovisual
tenga nacionalidad española o de la UE para que pueda recibir ayudas
, obligar a que las grandes productoras televisivas solo puedan obtener ayudas sin colaboran con otra independiente y aumentar las competencias del futuro Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual.

El Informe sobre el Estado de la Cultura 2022 es el noveno respecto al sector cultural que elabora la Fundación Alternativas, laboratorio de ideas o think tank para quien prefiera el anglicismo nacido en 1997 y vinculado al PSOE. Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo y cara visible del mismo, fue diputado en el Congreso en varias etapas entre 1993 y 2016 -primero por IU y más tarde por el PSOE-, donde llegó a ejercer de portavoz del Grupo Socialista, además de senador y secretario de Estado para la Unión Europea en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Derechos de autor y exportaciones en el Informe sobre el Estado de la Cultura 2022

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El Informe también analiza cuestiones como la remuneración de los derechos de autor en el marco de la irrupción de las plataformas de video demanda internacionales, los datos de internacionalización del sector español en el actual contexto de despegue de la visibilidad del mismo o el futuro papel de la televisión como todavía medio por antonomasia del consumo de audiovisual, además de plantear la situación en España en cuanto a la brecha de género o la sostenibilidad de las producciones.

En concreto en la parte dedicada a los derechos de autor el informe señala con preocupación como «el aumento en el consumo de contenidos audiovisuales se ha multiplicado durante la pandemia, sobre todo en las plataformas de streaming, pero los autores audiovisuales no han beneficiado de forma proporcional en los ingresos en derechos». Esta parte del Informe sobre el Estado de la Cultura 2022 denuncia la enorme «desproporción de capacidad negociadora de autores y productores independientes frente a las grandes plataformas» y pide una «improbable» actuación al respecto de la Ley General Audiovisual.

En sus conclusiones las especialistas en propiedad intelectual Fabia Buenaventura y Cristina Perpiñá-Robert plantean que «posiblemente sea el momento oportuno para debatir abiertamente sobre cómo van a convivir los Fondos Públicos de ayuda, nacionales o europeos, y un sector dominado por las plataformas multinacionales de gran tamaño». Crees que es «esencial» plantear el debate sobre «si los impuestos en Europa deberían o no financiar las producciones de las plataformas estadounidenses en la UE. Y en caso afirmativo, conviene establecer unos límites».

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