El cine independiente internacional pide proteger la propiedad intelectual frente a las plataformas de VOD

Casi una treintena de organizaciones del sector audiovisual y el cine independiente de todo el mundo, aunque sobre todo europeas, se han unido para reclamar a las administraciones una regulación de los derechos de autor y la propiedad intelectual que proteja la producción independiente y el contenido local de las prácticas de las plataformas de streaming.

En una declaración conjunta que firman varias organizaciones españolas —como AECINE, PROA, CIMA o PROFILM, entre otras—, piden «garantizar el futuro de una industria audiovisual sostenible a través de la regulación de las plataformas de transmisión digital» a través de una serie de puntos clave.

En España este debate se reabre en plena recuperación del texto de la Ley de Cine, una de las «patatas calientes» en manos del nuevo Ministerio de Cultura que ahora dirige Ernest Urtasun. No hay más recordar que se fió a la futura norma la protección hipotética del sector independiente, después del polémico texto aprobado en la Ley General del Audiovisual, muy criticado por Podemos, partido predecesor de Sumar en la coalición de gobierno.

De fondo se encuentra también como medidas como la recientemente aprobada por Bruselas ampliación del presupuesto para los incentivos fiscales para rodajes y otras que acompañan al Hub Audiovisual Español parecen más centradas en atraer inversión y rodajes foráneos que en potenciar una producción local que parece destinada a ejercer como service de los anteriores, sin trabajar en contenido propio.

Precisamente el primer punto del comunicado conjunto defiende que «el contenido local tiene una gran importancia tanto cultural como económica  y es un activo nacional estratégico» y su presencia y disponibilidad en todo tipo de plataformas para las audiencias como un derecho. Un elemento central es defender que la mayoría de empresas locales suelen ser pymes, y que para crecer o sobrevivir necesitan controlar la propiedad intelectual (PI) de los proyectos que desarrollan.

En concreto, el texto sostiene que las empresas independientes deben conservar «el  derecho a participar financieramente en el éxito generado por su trabajo en  una plataforma, creada como parte del patrimonio cultural propio y único de  una nación». Algo que actualmente no se da por la desigualdad en la negociación entre los diferentes actores. Por ello consideran que «el gobierno tiene un papel que desempeñar para abordar las deficiencias del  mercado y cualquier desequilibrio».

Por eso reclaman que «cualquier marco de inversión regulado por el gobierno debe especificar que  la mayor parte de esta inversión debe cumplirse a través de proyectos en los  que la PI esté bajo el control de empresas independientes», dado que «todas las plataformas que obtienen beneficios económicos por realizar  negocios en el mercado local deberían contribuir económicamente, de forma  proporcional, a la creación de nuevos contenidos locales en beneficio de las  audiencias locales». 

Garantizar la «participación financiera»

En España AECINE, la mayor asociación de productoras independientes a nivel estatal, ha destacado el compromiso compartido de las firmantes del manifiesta con «garantizar la independencia y viabilidad de la industria a nivel mundial, y la salvaguardia de la soberanía cultural de cada nación». Respaldan el texto sus equivalentes en países tan diversos como Francia, Eslovenia, Nueva Zelanda o Canadá, pero también otras de carácter regional, como la vasca IBAI, o de ámbito europeo o latinoamericano.

La declaración conjunta «reconoce que la respuesta a los cambios producidos en la dinámica empresarial audiovisual por las plataformas es tanto un reto global como una cuestión local». Los gobiernos de todo el mundo «están tomando medidas para adaptarse y establecer nuevas normativas, reconociendo los cambios en la dinámica de la industria y viendo la urgente necesidad de actuar para proteger las historias locales, el trabajo creativo y la propiedad intelectual que se genera».

Un elemento «central» de estos principios es la necesidad de contar con «un sector independiente saludable, que abarque el desarrollo, la producción, la distribución y la postproducción». Así, la organizaciones «instan» a los gobiernos a «que aborden las deficiencias del mercado y los desequilibrios en el poder de negociación comercial, con especial énfasis en el reconocimiento del papel fundamental de las empresas audiovisuales independientes».

Lo más importante es que esta declaración conjunta insta a los gobiernos a reconocer las oportunidades de crecimiento vinculadas a la protección de la propiedad intelectual (PI). Las empresas audiovisuales independientes deben poseer y/o conservar el control de su propiedad intelectual, garantizando así su participación financiera en el éxito generado por su trabajo en plataformas, un aspecto crucial para preservar el patrimonio cultural único de una nación.