Productoras independientes piden blindar ayudas en la Ley de Cine y modernizar las AIE y el ICAA

La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), de la que forman parte alrededor de 600 empresas del sector, presidió ayer martes una mesa en el marco del Festival de Málaga en la que mostró su desacuerdo con el texto de la nueva Ley de Cine finalmente aprobado en Consejo de Ministros y que ahora se encuentra en periodo de alegaciones. Los productores temen que los cambios respecto al primer borrador permitan que «se cuelen» otros operadores que entienden que no serían independientes y también piden «actualizar» los incentivos fiscales superando o dando alternativas al modelo de las AIE.

Jordi B. Oliva, presidente de Federación de Productores Audiovisuales, PROA, integrada dentro de PAP, explicó a Cine con Ñ que para ellos el anteproyecto finalmente presentado «tiene muchas deficiencias tanto de forma de fondo», a pesar hace apenas un mes se encontraban tranquilos con el borrador. Temen que el cambio de lugar de la definición de producción independiente -del capítulo 2 de la Ley, que da las definiciones generales, al 3, que es específico para su sector- está creando «agujeros por los que se pueden colar empresas asociadas a televisiones, por ejemplo, y el 100% de las ayudas no irían a producciones verdaderamente independiente».

A esto añaden la exigencia de blindar un presupuesto mínimo para dichas ayudas. Opina Oliva que «aunque el texto dice que se va a fomentar la creación audiovisual, la pregunta es ¿con qué dinero? Que se especifique, un porcentaje mínimo de los presupuestos blindado para cinematografía«. Aunque la plataforma, como ha explicado en un comunicado, «valora positivamente que el anteproyecto de ley pretenda dar cobertura al audiovisual más allá de las obras cinematográficas», lamenta «que a la hora de la verdad esta apertura de la normativa a formatos y géneros diversos no va acompañada de una dotación presupuestaria específica y garantizada».

Por su parte Francisco Menéndez, abogado de PAP, explicó a Cine con Ñ que otro ámbito considerado por las productoras independientes como con margen de mejora es el de la Agrupaciones de Interés Económico, las famosas AIE. «Desde el sector se recoge la queja de que no son lo más sencillo para financiar una producción audiovisual. Implican montar una sociedad mal y unos gastos de gestión bastante alto», comenta.

El letrado añade que la propia administración ya ha dado alternativas que no se recogen en la nueva norma. Por ejemplo, en el año 2020, con entrada en vigor en 2021, «se habilitó un nuevo artículo dentro de la Ley de Impuesto Sobre Sociedades, el 39.7, donde se permite la transmisión de créditos fiscales a través de un contrato de financiación. Eso no lo vemos recogido en el anteproyecto». En general, concluye, «creemos que necesitamos una reflexión como sector si existen otros modelos más eficientes que ya se aplican en otros países».

Las productoras independientes piden la «agencialización» del ICAA

Por otro lado, PAP juzga como insuficiente la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual que contempla el anteproyecto de ley. Aunque este ente «abriría las puertas a la participación del sector en todo lo que afecta al audiovisual», se quedaría «corto» en otro objetivo que las productoras independientes consideran clave: «la financiación procedente de fondos distintos a los presupuestos generales del Estado». Por eso, «urgen» a la anunciada conversión del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) en una agencia estatal, algo que «cumpliría ambos propósitos».

El anteproyecto de ley, que busca actualizar la normativa de 2007 adaptándola a las nuevas modalidades de distribución de los contenidos audiovisuales, se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero y se encuentra en trámite de audiencia e información pública. Junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, la normativa nace para articular el Spain Audiovisual Hub aprobado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

La Plataforma por el Streaming lamenta la pérdida de competencias del ICAA

A las quejas sobre el anteproyecto de la Ley de Cine se ha unido la asociación Plataforma por el Streaming, que representa a servicios de streaming audiovisual nacionales de todo tipo de contenidos, que ha manifestado su rechazo al texto y lo ha comparado con la futura Ley General del Audiovisual. Consideran que la norma de Cultura ejerce de «mero apéndice» de la promovida por Economía y que elimina competencias del ICAA determinantes para el sector.

Por ejemplo, el paso de la calificación por edades a un código de corregulación que creen que crear «incertidumbre» al deja de depender del ente público y pasar a compartirse entre productores y distribuidores con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «a sabiendas de que ya los criterios de calificación del vigente Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia son bastante más estrictos y conservadores que los de la Ley del Cine y la normativa que la desarrolla».

También lamentan que la futura ley de «una definición más restrictiva de obra audiovisual que la de la Ley de Propiedad Intelectual en vigor» o «continúan sin adoptarse medidas para impedir el acceso a los menores de edad a contenidos online para adultos». Añaden su malestar con que se prescinda de de los mecanismos contra la piratería audiovisual de los que dispone actualmente el ICAA en lo referente a webs o plataformas de streaming y «se siga sin actuar contra la piratería en formato físico».

Finalmente, señalan la desigualdad en cuanto a las obligaciones para las plataformas digitales, ya que la declaración de audiencias «será únicamente obligatoria para las que tengan sede en el Estado» -es decir, quedan fuera todas las multinacionales- y «se renuncia a conocer los usuarios reales en todas las plataformas cuyos contenidos van dirigidos a audiencias nacionales, cuando eso sí se hace con los espectadores de las salas de cine».