Atraer rodajes como promesa electoral: la política audiovisual se cuela en la campaña andaluza (y sí, también ‘Bandolero’ y el acento)

Las políticas audiovisuales son políticas económicas. Sea por la proliferación de informes sobre su eficacia por parte del sector, sea porque las diferentes administraciones entienden que les salen a cuenta, han llegado al nivel de convertirse en promesas electorales de creación de empleo. Al menos en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, donde también se atiende a la pata identitaria. Es más, aunque casi todos los partidos atienden a cine y series en sus programas, la liebre la han soltado las redes de Por Andalucía —alianza de IU/Sumar/Podemos—, reclamando el regreso de las series a Canal Sur que ya convirtió en Proposición No de Ley (PNL) hace un año.

Llama la atención que la coalición, en su campaña, haya señalado en específico a las funciones industriales, como sector económico, del audiovisual, aunque en mayor o menor medida los dos partidos principales, PP y PSOE, también la contemplan en sus programas. El partido ha llegado a acusar al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de permitir la «fuga constante» de productoras andaluzas por no disponer de herramientas para «dinamizar» el audiovisual. Es decir, aunque sea un partido en teoría de izquierdas, incentivos fiscales (que existen en otras comunidades autónomas).

En concreto Por Andalucía tiene un Plan para el Cine y el Audiovisual andaluz que incluye medidas como crear una Escuela de Cine andaluz —que también proponen otros partidos, con diferentes nombres—, y recuperar la producción propia de series por parte de Canal Sur, en concreto diarias, con citas a Arrayán (2001-2013). Por un lado, como elemento económico, fijando empleo audiovisual, pero también «para que Andalucía se cuente desde Andalucía», una vez más con la animada Bandolero (2001-2002) a la cabeza.

Escuela de Cine o Centro de Emprendimiento Audiovisual

Lo cierto es que el Partido Socialista y el Partido Popular también contemplan, con bastante detalle, las políticas audiovisuales en sus programas, aunque desde perspectivas diferentes. El PP defiende su gestión actual, anunciando la consolidación de «la producción de largometrajes, cortometrajes y documentales, tras el incremento del 156 % experimentado desde 2018″, prometiendo «nuevas líneas de ayudas a las coproducciones minoritarias» y «mejorar la agilidad administrativa».

También proyecta un «centro de emprendimiento y formación en materia audiovisual y de contenidos digitales», y también impulsar «la atracción de inversiones y rodajes nacionales e internacionales».

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En cuanto al Partido Socialista, promete aplicar la Ley del Cine de Andalucía, aprobada en 2018 y según ellos «paralizada» por el gobierno actual. Promete igualmente políticas culturales feministas que garanticen «la igualdad de oportunidades» y, también, luchar «contra la precariedad y por la estabilidad laboral en el sector cultural», a través del Plan ‘Cultura con derechos, no con precariedad’, que incluirá cláusulas sociales obligatorias en toda contratación cultural pública. En la misma línea, piden impulsar «una mayor presencia del talento cultural andaluza en la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA)».

Llama la atención en este caso que el PSOE atienda también a la distribución y el acceso, con el Plan ‘Vive más del Cine’. Algo que incluye tanto programas de acceso al cine para jóvenes, familias numerosas o desempleados como programas de cine gratuitos en municipios sin salas de exhibición. En paralelo, prometen aumentar «los fondos para la producción, distribución y exhibición» del cine en Andalucía, así como la creación de una RED Film Commission andaluza (ya existen a nivel provincial) y el apoyo a las producciones independientes.

Respetar el acento para recibir incentivos

Por su parte, los andalucistas de izquierdas de Adelante Andalucía también proponen una Escuela Pública de Cine Andaluz —propuesta con algunas décadas, que va y viene de unos partidos a otros— y asumen una petición de la Mesa del Documental Andaluz que el resto de formaciones ignora: «proteger al cine documental andaluz y otras narrativas no tradicionales bajo la denominación de obra audiovisual difícil». También, como el PSOE o Por Andalucía, prometen combatir la precariedad y fomentar políticas feministas.

Otras dos propuestas concretas que diferencian a los regionalistas es la propuesta de vincular los incentivos fiscales para producciones no andaluzas a «que cumplan unos porcentajes mínimos de contratación local en sus rodajes, así como aquellas en la que el habla andaluza sea objeto de uso y respeto». También recuperar las ayudas al desarrollo de proyectos de la Consejería de Cultura y crear una línea permanente de ayudas a la creación de guion.

En cuanto a Vox, en el programa del partido de extrema derecha no hay menciones directas al audiovisual. Apenas una mención a la RTVA como «servicio público de calidad» y que «no debe ser un instrumento de propaganda», como propuesta número 29 de casi 800 en total. Llama la atención cuando en 2018 lo que pedía la formación era el «cierre de Canal Sur» incluido en un apartado dedicado a «Agencias, Observatorios e Institutos autonómicos superfluos». Aunque reservan un capítulo a propuestas de reindustrialización, no hay mención al audiovisual, la industria del videojuego u otras variantes.