Productoras independientes blindadas, ayudas a las series y creación del Consejo Estatal, claves del anteproyecto de la Ley del Cine

La Ley del Cine por fin está en marcha. El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este martes el anteproyecto de ley de la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, aprobado por el Consejo de Ministros, que confirma muchas de las novedades anunciadas estos años, en los que los vaivenes electorales fueron posponiendo su trámite. Se trata del mismo texto presentado a finales de 2022 y que decayó como Proyecto de Ley al finalizar la anterior legislatura, y que se tramitará por la vía de urgencia para que pueda estar aprobado antes de acabar este 2024.

La aprobación de la nueva Ley del Cine forma parte de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Europeos y llega tras meses de retraso a pesar de que es el mismo anteproyecto de hace un año y medio. Preguntado por esta demora, el ministro ha alegado que se ha querido «asegurar que el texto gozaba del máximo consenso» consultando con el sector, y ha sido un tiempo «tomado para reforzar» el respaldo a la norma.

Como ya se había previsto, el texto de la norma blindará a las productoras independientes de cara a las ayudas, ‘corrigiendo’ la polémica con su definición en la Ley General del Audiovisual, aprobada en 2022. También se confirma que las series estarán por primera vez incluidas en la ley, siendo susceptibles de recibir ayudas públicas, pero que ella implicará obligaciones de transparencia en los datos para los operadoras.

Igualmente, el texto incluirá el 35% de ayudas públicas para producciones dirigidas por mujeres y la protección a las lenguas con «reconocimiento estatutario», es decir, no solo las cooficiales —euskera, gallego y catalán—, sino también otras como el valenciano o el bable.

Protección a la producción independiente

Así, la norma tendrá como prioridad «la promoción de la diversidad cultura de España y fomento de la igualdad», lo que implica «la promoción de los productores independientes». Por ello, la definición que dará de los mismos es una «con un gran consenso en el sector» y que «va a marcar el destino prioritario de los fondos de la cinematografía».

En la misma línea la nueva Ley del Cine tendrá entre sus funciones «defender los derechos de autor», en referencia indirecta a las polémicas recientes entorno a la inteligencia artificial, entre otras. Y advierte el ministro que «la ley española de propiedad intelectual será de aplicación al conjunto actores que operen en España».

En cualquier caso las dos novedades institucionales más relevantes anunciadas por Urtasun serán la creación del esperado Consejo Estatal de Cinematografía y Cultura Audiovisual, el cual «articulará una relación estable entre las administraciones y el sector»; y los «mecanismos de protección» como Bien de Interés Cultural (BIC) al conjunto del Patrimonio Cinematográfico Española.

El ministro ha defendido que se trata de una norma pensada para «fortalecer y poner en valor toda la cadena de valor, desde el guión hasta la exhibición», una «ley integral» para el conjunto de la industria audiovisual. Urtasun ha defendido que se trata de un texto que nace de la «demanda unánime» del sector, hecha «con el sector y para el sector» y que tiene «vocación de permanencia».

El trámite de la Ley del Cine

En ese sentido, y preguntado durante la rueda de prensa sobre posibles apoyos parlamentarios, el ministro ha asegurado que es una «ley de país», y, como tal, «esperamos el máximo apoyo posible en el Congreso» para ella. Hay que recordar que cuando en junio de 2022 se aprobó la Ley General del Audiovisual lo hizo con los votos a favor de PSOE y PNV y la abstención del PP, pero en contra de Unidas Podemos, formación a la que en aquél momento pertenecía el propio Urtasun y de la que es sucesora en el gobierno de coalición su actual partido, Sumar.

La anterior Ley del Cine corresponde al año 2007 y el ministro ha querido insistir en la necesidad de actualizarla para que «el marco legislativo» estuviese a la altura de las «necesidades del sector», considerando que España es «una potencia cinematográfica». Así, el objetivo «es dotar al sector de un marco amplio con normas claras dando estabilidad a una de las grandes industrias culturales de nuestro país».

También ha agradecido su trabajo a su antecesor en el cargo, el socialista Miquel Iceta, y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que es también ponente de la norma —Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que fue el que presentó la Ley General del Audiovisual— y a los agentes del sector que han participado en su elaboración.

Ahora el anteproyecto deberá trasladarse al Congreso, donde será tramitado por las correspondientes comisiones y los grupos parlamentarios propondrán posibles enmiendas. En el trámite aún es posible que se modifiquen algunos artículos, según las diferentes intervenciones y las votaciones, hasta su votación final en el pleno.