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Productoras independientes acusan al Gobierno de querer convertir el cine español en «una industria auxiliar»

La plataforma PAP, que agrupa al 90% de la producción independiente, creen que la futura Ley Audiovisual solo se preocupa de captar inversión extranjera y no del carácter cultural del sector

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Las productoras independientes han vuelto a acusar al proyecto de Ley General Audiovisual, actualmente enviado por el Gobierno al Congreso pero aún sin tramitar, de primar la inversión internacional por encima de la local y de buscar convertir a las empresas españolas en una «industria auxiliar de los grandes proveedores de contenidos internacionales» marginando el carácter cultural del sector al contrario de lo que están haciendo otros países de la Unión Europea.

La  Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), nació en 2021 y está formada por AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, representando al representa el 90% de la producción audiovisual independiente en España actualmente. La misma ha emitido un comunicado reprobando el texto en manos del Congreso actualmente y pidiendo que no sea aprobado en los términos que está redactado en estos momentos.

Tras dos periodos de información pública «en los que no se aceptó ni una sola de las alegaciones que presentamos», reza el comunicado, «todos nuestros contactos con el Gobierno han encontrado el muro de un texto redactado pensando única y exclusivamente para facilitar a cualquier precio que España se convierta en el Hub audiovisual de Europa y que a nuestro país acudan a rodar las grandes compañías internacionales».

El objetivo, afirman, «nos parece excelente, pero no al precio de laminar nuestra propia industria audiovisual, relegándola a una mera industria auxiliar de las productoras internacionales. Atribuyen esta circunstancia a que el texto ha sido elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y por tanto «obvia por completo el carácter cultural del sector de la producción audiovisual, poniendo el foco exclusivamente en la atracción de inversores internacionales».

Esta apuesta, «estrictamente económica», valora la red de producción española «únicamente en su faceta de proveedor para terceros, desdeñando la capacidad creativa, innovadora y el valor, sin duda también económico, de los derechos de propiedad intelectual de la industria audiovisual española».

Productoras independientes vs Ministerio de Asuntos Económicos

Desde PAP afirman que han intentado que se tenga en cuenta «que nuestro país es atractivo para la producción internacional no solo por el clima sino también porque hay un sector de productoras independientes extendido por todo el territorio, con capacidad técnica y económica, que ha demostrado su capacidad y su creatividad con éxitos indiscutibles en el mercado audiovisual internacional».

Convertir a la producción española en «una mera industria auxiliar de los grandes proveedores de contenidos, como pretende la Ley, seguramente generará negocio a corto y medio plazo, incluso para nuestro propio sector», analizan, «pero despojará a nuestra industria de la capacidad de decisión, de su creatividad y a la larga acabará con la producción propia, quedando los derechos en manos de quien nos contrate, no de nuestra industria».

Las productoras independientes comparan la actitud del Gobierno española con la de otros países europeos, que «al trasponer la directiva Europea, han tenido buen cuidado en proteger su industria cultural, aun no estando obligados a hacerlo». Todo lo contrario que en España, que según sostienen, «ha redactado la Ley como si nada tuviera que ver con una industria cultural tan importante». Tampoco comprenden «que el Ministerio de Cultura haya podido aceptar su marginación absoluta en la elaboración de esta ley o, lo que sería aún peor, su aceptación implícita de un texto como el que fue aprobado por el Consejo de Ministros».

Las productoras independientes consideran «decepcionante» que el Gobierno y «el ministerio de Asuntos Económicos especialmente», demuestren una valoración tan «cicatera» del valor del sector audiovisual, hasta el punto de que «han llegado a dar credibilidad a bulos como que la industria audiovisual española sería incapaz de generar producción suficiente para que se cumplan los porcentajes de producción a los que vienen obligados los prestadores de servicios».

Desde PAP esperan que en el trámite parlamentarios los grupos políticos «ejerzan su función legislativa y se avengan a corregir los aspectos más dañinos de este Proyecto de Ley, estableciendo las modificaciones que la ley necesita en favor de la creatividad, la industria y la capacidad de nuestro país de mantener cierta soberanía en materia cultural», lo que, insisten en recordar, «en absoluto resulta incompatible con la apuesta por un Hub audiovisual que sin duda es una oportunidad económica y estratégica que valoramos positivamente.

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