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El PSOE y sus socios votarán a favor de una nueva definición de «productor independiente»… no vinculante

Se trata de una moción registrada por ERC que apoyarán los partidos del Gobierno pero que no modifica la ya aprobada Ley Audiovisual ni la futura Ley del Cine

Ley Audiovisual productor independiente

PSOE, Unidas Podemos y ERC votarán a favor de una nueva definición legal para «productor independiente» a raíz de una moción del partido catalanista, de manera que se insta a que la futura Ley del Cine contradiga o modifique lo ya aprobado en la Ley General Audiovisual. Dicha moción se aprobará este próximo jueves, según han anunciado los partidos y recoge la agencia Europa Press, aunque en principio no afecta a la tramitación aún en marcha de la Ley del Cine ni cambia en nada la normativa ya vigente desde la aprobación el pasado junio de la controvertida Ley Audiovisual. De hecho, ni siquiera da una definición alternativa, solo pide cambiar la ya existente.

ERC presentó miércoles una moción como interpelación urgente al gobierno sobre «la situación de la producción audiovisual independiente en Catalunya», en la que recoge algunas de las críticas lanzadas contra la ley aprobada el pasado verano con la abstención de UP, el rechazo de los catalanistas de izquierdas y gracias a la abstención sorpresiva del Partido Popular.

La moción (disponible completa aquí) implica que el Congreso inste al Gobierno a tres medidas: un plan de apoyo a la producción independiente diseñado conjuntamente con todos los actores, realizar las modificaciones legales oportunas para que la definición de productor independiente se «restrinja verdaderamente a los productores independientes y se excluya de la misma a las grandes cadenas televisivas» incluyendo la misma en la Ley del Cine y promover las políticas necesarias para garantizar que las lenguas oficiales se incorporen en los catálogos de producción de las grandes plataformas de streaming.

PSOE y UP votarán a favor de la misma tras pactar, mediante una enmienda transaccional, retirar el plazo mínimo de tres meses que daba la medida al Gobierno. Aunque del texto se deduce que las «modificaciones legales oportunas» para una definición de productor independiente «excluya de la misma a las grandes cadenas televisivas» implicaría tumbar la que se encuentra en la Ley General Audiovisual, la votación de mañana no es vinculante y, como se ha dicho, ni siquiera da para la misma un plazo. Por otro lado, aunque se incluyese una definición así en la futura Ley de Cine, al regular aspectos diferentes a los de la Ley Audiovisual, la de la primera seguiría vigente.

La definición actual de productor independiente

La controversia en la aprobación de la Ley Audiovisual se encontraba en el famoso artículo 110.1, modificada por una enmienda del propio Grupo Socialista, y que según las plataformas de productores independientes, abría la puerta a que se considere productor independiente a las empresas filiales de grandes compañías. En el caso de España, a las televisiones como Atresmedia o Mediaset. La financiación «multiplicada por cinco» que defendía el Gobierno, en este caso, señalan, revertiría también en ellas y no en lo que el sector considera verdaderamente como un productor independiente.

Otra crítica, recogida por los diferentes partidos nacionalistas y regionalistas, fue por las cuotas finales para las lenguas cooficiales, señalando que se pasaba del anunciado del 6% a, por ejemplo, apenas un 0,35-0,25% como mucho para el catalán. Además de la contradicción de que, por la misma naturaleza de la norma, no se podrá obligar a las plataformas internacionales, como Netflix o HBO Max, a cumplirla, solo a las españolas (ATRESPlayer, Filmin, RTVE Play), con la paradoja de que muchas de ellas ya lo hacen.

La Ley General Audiovisual, impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos, se aprobó en el Congreso en una primera votación el pasado mayo movilizando a gran parte del cine español en su contra. Hubo concentraciones frente a la sede de la Cámara Baja en Madrid y en pleno Festival de Cannes, además de una recogida de más de 500 firmas rechazando el texto entre las que se encontraban las de figuras como Pedro Almodóvar. La Ley del Cine, que presuntamente blindará lo que esta otra norma deja al aire, no legisla exactamente los mismos aspectos de ayudas o cuotas en plataformas, y es impulsada por el Ministerio de Cultura.

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