Atrás 
Informe CIMA
Más de un 60% de las mujeres del audiovisual denuncia haber sufrido violencia sexual en un sistema de «impunidad sostenida»
Fotograma del cortometraje 'Casting' (2025), de Víctor Devesa, que aborda los abusos en el audiovisual.
Jose A. Cano
Un 60,3% las mujeres del sector audiovisual, independientemente de su edad, profesión o estatus dentro de la misma, asegura haber sufrido algún tipo de abuso o violencia sexual en el trabajo. La proporción aumenta entre las mujeres entre 20 y 50 años, que lo denuncian el 63,3%. El 92% confiesa que nunca lo ha denunciado públicamente, más del 60% desconoce que ya existen protocolos para ello y el 76,3% del total, hayan sufrido abusos o no, cree que las personas en posiciones de poder en la industria del cine y el audiovisual abusan de manera «frecuente» o «muy frecuente» de su autoridad para poder ejercer alguna forma de violencia sexual.
Son algunas de las conclusiones del informe ‘Después del silencio. Impacto de los abusos y las violencias sexuales contra las mujeres en la industria del cine y el audiovisual’, elaborado por la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) y presentado en sus Jornadas Profesionales, que se celebran estos días en Madrid. Un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de CIMA, Guadalupe Balaguer, y la vocal y miembro de su comisión de violencias, Almudena Carracedo, junto con Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, y las especialistas Bárbara Tardón, doctora en estudios interdisciplinares de género, y Nerea Barjola, politóloga y doctora en feminismos y género. También acudió la Ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Una investigación que llega en el contexto de las últimas denuncias contra destacados profesionales del sector, que han llegado incluso a implicar también algunas instituciones educativas de diferente ámbito del mundo de la interpretación, e implicado creaciones de organismos específicos para atender a las víctimas, como el de la Academia del Cine Catalán o la más reciente promovida por el Ministerio de Cultura y la Academia de Cine española, de la que se han recibido «muy pocos casos» para este finorme. Una de las peticiones de las expertas, de hecho, es que la Academia cree su propio protocolo antiabusos específicos (ya anunció una reforma de sus estatutos).
«No son tomadas en serio»
Las conclusiones del informe de CIMA, tanto cuantitativas (como las que hemos mencionado al comenzar esta información) como cualitativas, apuntan a que «las violencias sexuales están profundamente integradas en la industria del cine y del audiovisual, donde se ha naturalizado y normalizado como parte del entorno laboral. Formar parte del sector implica aceptar su existencia y asumirlas como una condición inevitable». Consecuencia de «la jerarquización extrema de la industria, junto con la precariedad laboral y una cultura de permisividad» en las que «las mujeres deben tolerar situaciones de acoso sexual y abuso de poder para no poner en riesgo sus oportunidades laborales.
Según explicaron sus responsables y desarrolla el propio informe, para su elaboración se han combinado entrevistas a expertas profesionales del sector, grupos de discusión e historias de vida en profundidad con diferentes mujeres, además de las encuestas online a las socias de CIMA. Han sido entrevistadas mujeres de los 20 a los 70 años. Esta investigación revela, por ejemplo, que de las profesionales que señalan haber sufrido abusos un 81,4% ha sido acoso verbal, un 49,5% también o por separado acoso físico y finalmente el 22,3% lo ha recibido de forma virtual o digital.
Las investigadoras dedicaron un apartado específico a las razones que llevaron a no denunciar a la mayoría de las mujeres. Más del 30% no lo habría hecho por inseguridad sobre como actuar, el 27% por temor a represalias y hasta un 22,2% por la creencia de que no serviría para nada. Del pequeño porcentaje de las que sí lo hicieron, un 77% considera «mala» o «muy mala» la atención recibida, y apenas un 15,4% la considera «buena». Además casi el 64% desconocía que ya existen protocolos de investigación y prevención al respecto, tanto institucionales como dentro del propio sector.
Llama la atención que sea una cifra muy similar a las que consideran que las denuncias no son tomadas en serio, un 64,4%. Segregada por edad, esta proporción aumenta en el rango de edad de las profesionales del sector más jóvenes: más del 80% de las mujeres entre 20 y 29 años considera que su denuncia no será tomada en serio de una forma u otra. También es significativo de cómo se ven laboralmente las causas del acoso el que la medida más nombrada para detenerlo, hasta en un 85% de las encuestadas, sea «la representación de mujeres y personas diversas en los puestos de liderazgo».
«Sistema de impunidad sostenida»
Durante la presentación del informe en rueda de prensa, las expertas Tardón y Barjola valoraron cuestiones como la situación es de las escuelas de interpretación, donde en los últimos tiempos han saltado varios escándalos diferentes. Apuntaron que existen «abusos de poder» porque se «desdibujan los límites», pero que las escuelas «son responsables legales aunque no haya una relación laboral» con las víctimas. Se potencia porque en las mujeres jóvenes que se incorporan al sector, aunque la conciencia de estas circunstancias es mayor, también la vulnerabilidad, debido entre otras cosas a la precariedad económica.
Quizás lo más pesimista sean las conclusiones cualitativas del informe, en las que se detalla la existencia de un «sistema de impunidad» dentro del audiovisual que protegería a los agresores. Una impunidad que es sostenida «por el silencio institucional y de las empresas/productoras/plataformas de distribución responsables de los proyectos audiovisuales», debido a una ausencia de mecanismos eficaces de denuncia o sanción y «la complicidad activa o pasiva» del resto de profesionales. «Muchos de los agresores señalados son profesionales de alto prestigio, con un poder simbólico o institucional que dificulta la revelación de la violencia o la denuncia, favoreciendo el encubrimiento».
El informe de CIMA agrega que «se perpetúa un sistema en el que se cuestiona a la víctima o superviviente (mediante la rumorología, la falta de credibilidad, la minimización de lo sucedido o la desvinculación de la agresión con el entorno laboral) y de manera directa e indirecta se protege al agresor. El sistema no sólo no sanciona a los agresores, sino que se refuerza su poder y se reproduce su legitimidad social, consolidando un entorno laboralmente inseguro para las mujeres».
El informe de CIMA finaliza con una serie de recomendaciones de actuación que no difieren demasiado, en realidad, de las que se llevan proponiendo durante décadas o las que se supone que incluyen los organismos ya impulsados por diferentes instituciones o el propio sector. Por ejemplo, la definición de un marco claro de lo que son y suponen las violencias sexuales para que las profesionales puedan identificarlas, o la implementación de programas de formación obligatoria, así como protocolos claros (y cuya aplicación se vigile) de prevención, actuación y sanción.
